El plan de inspección del Ayuntamiento para corregir posibles desvíos en el pago del IBI deja libre del pago los bienes de la Iglesia en la capital, en virtud del Concordato de 1977 y la Ley de Mecenazgo de 2002, que excluye incluso a edificios alquilados. Ante esta situación, IU plantea que el plan de inspección «estaba abocado al fracaso» y ha supuesto «un evidente gasto de tiempo y dinero -por el sueldo de funcionarios- solo para lograr titulares».
