Familia iguala la cuantía de los «grandes» y los «severos» dependientes

La medida garantiza acceder a servicios profesionales por 1.100 euros al mes

 

ICAL Familia e Igualdad de Oportunidades acuerda con el sector de la dependencia incrementar las cuantías máximas que percibe una persona de grado II (dependiente severo) con las de grado III (gran dependiente) para «garantizar» que todos ellos alcancen una capacidad de gasto de, al menos, 1.100 euros al mes en servicios profesionales, tal y como explicó la consejera del área Milagros Marcos, quien calificó esta subida como «un gran esfuerzo» para el Ejecutivo autonómico.


Con esta «mejora en la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla y León», los dependientes severos con una capacidad económica de 357 euros pasarán así de percibir 511 euros al mes a 742 euros, lo que supondrá que contarán con 1.100 euros para adquirir el servicio más caro: una plaza residencial. En el caso de que tengan una capacidad económica de 550 euros, percibirán 550 euros. Y si cuentan con 700 euros de capacidad económica, recibirán 400 euros.


El fin último de esta medida, consensuada tanto con el Cermi como con las asociaciones de residencias Lares y Acalerte, es que todos los dependientes severos «puedan acceder en igualdad de condiciones que un gran dependiente a una plaza residencial u otros servicios con independencia de su capacidad económica», en palabras de la propia Milagros Marcos.


Un 52% de los discapacitados de grado II, entre 11.000 y 12.000 personas, se verá beneficiado por este incremento en las cuantías, lo que demuestra, según la consejera, la «apuesta total» de la Junta por «la atención profesional» y su accesibilidad por parte de "quienes más lo necesitan».


En el acuerdo la Junta establecido con Lares y Acalerte, que aglutinan el 80% de las plazas residenciales de la Comunidad, el precio de referencia por cada plaza entre los 1.100 y los 1.500 euros. Además, Castilla y León también ha abierto la puerta a la posibilidad de que los dependientes de grado I (moderados) puedan acceder a una plaza residencial, aunque este beneficio no figure en el marco de protección estatal.


Por otro lado, la eliminación de las cuantías mínimas a los dependientes con rentas más altas, la agrupación de niveles dentro de los grados y el «mantenimiento» del presupuesto de la Consejería de Familia, que ha bajado un 1,05% con respecto a 2012, permitirán suprimir tanto en 2013 como en 2014 las anunciadas reducciones del 10% anual en las prestaciones económicas destinadas al cuidado familiar, con lo que éstas sólo ser verán reducidas en el 30% aplicado este año, un 15 por parte del Gobierno central y otro por la Junta.

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