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El Estado devolverá a los funcionarios un millón de euros de la cotización de la extra

La economía sumergida supone en Zamora el 27% del total de la recaudación y suma más de 960 millones en dinero «negro»

 09:49  

El Ministerio de Hacienda, con Cristóbal Montoro a la cabeza, ha dado marcha atrás y devolverá a los funcionarios en el plazo de tres meses el importe de las cotizaciones correspondientes a la paga extraordinaria de diciembre. Una medida reclamada con ahínco por los empleados públicos que supondrá la devolución de cerca de un millón de euros a los 12.483 afectados que trabajan en la provincia. Aunque el anuncio ha cogido por sorpresa a los funcionarios, desde Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), ya habían planificado recurrir la cantidad que les había sido descontada a pesar de que no han cobrado la extra de Navidad. Recurrir su cobro es más complicado y de momento, no se plantean pleitear por ella.

JUDIT CALVO
Un total de 998.640 euros volverán a manos de los más de 12.000 funcionarios zamoranos gracias a la marcha atrás del Gobierno que dirige Mariano Rajoy, que devolverá a los funcionarios en el plazo de tres meses el importe de las cotizaciones correspondientes a la paga extraordinaria de diciembre.

La cantidad a devolver, que se estima en una media de 80 euros por cada trabajador público, les había sido descontada a pesar de que no han cobrado la extra ya que el Gobierno decidió suprimirla por motivos de ahorro en la administración.

El anuncio de la devolución del importe ha cogido por sorpresa a los funcionarios, que señalan que la medida supone «una falta de reflexión de cómo se hizo en un primer momento. No parece normal que en un plazo de tan poco tiempo se cambie el criterio, consideraban que eso era legalmente así y ahora lo contrario, no tienen mucha idea», lamenta Manuel Redal, consejero del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Convencidos de que la decisión de descontar de una cantidad que no se va a percibir, los miembros de Gestha ya se habían planteado recurrir la medida. Una decisión que no llevarán a cabo en el caso de la extra, acerca de la que consideran que «no hay muchas posibilidades. Como organización no vamos a recurrir, aunque de forma individual sí que se hará y facilitaremos modelos de recurso», afirma Redal.

Aunque no existen datos concretos de los defraudadores a la hacienda pública, desde Gestha sí se ha llevado a cabo una estimación del volumen de dinero que supone la economía sumergida, que en Zamora supera en tres puntos la media nacional. En la provincia, la tasa estimada ajustada a la recaudación se eleva hasta el 26,5%, mientras que en todo el país se sitúa en el 23,3%.

Según los últimos datos hechos públicos por los técnicos, el PIB sumergido en Zamora supone un total de 961.632 millones de euros, de los que aproximadamente dos terceras partes (636 millones de euros) corresponderían al fraude tributario y el resto a la vertiente laboral (324 millones de euros).

En cuanto a la recaudación adicional de cuotas sociales si se reduce la economía sumergida en diez puntos del PIB, asciende a 44.997 millones de euros, mientras que la recaudación tributaria adicional en las mismas condiciones supondría en Zamora que 88.180 millones de euros se sumaran a lo recaudado por Hacienda en la provincia. En total, la suma elevaría la recaudación pública hasta los 133.177 millones de euros.

Aunque el informe relativo a los datos de fraude de este 2012 está ultimándose, desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda han percibido a lo largo de los años un importante y paulatino crecimiento de las cifras de la economía sumergida. De momento, no se atreven a aventurar que el presente año haya supuesto un nuevo récord en los datos de dinero negro que circula a lo largo y ancho del país, pero sí son conscientes de que el fraude «es progresivo, y la tendencia no es de ahora», subraya Manuel Redal como consejero de Gestha.

Hace unas semanas que el Ministerio de Hacienda mostró su intención de hacer pública una lista con los nombres de los grandes defraudadores del país con el objetivo de dar publicidad a los nombres de los evasores fiscales y favorecer así que acaben pagando sus deudas con la Hacienda pública. Aunque la medida puede parecer en un principio que soluciona las cosas, según explican los expertos de Gestha, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, «el problema está en los que no se han descubierto», subrayan. En su opinión, la iniciativa puede servir como medida de presión, al igual que se está llevando a cabo en países como el Reino Unido, «pero no es una lista amplia, cada año se detectan poquísimos casos», afirman.

El documento, que estará listo a lo largo del primer trimestre del año, supondrá una relación de los morosos «a los que han cogido, una lista de los que están controlados, pero no del resto que son muchísimos más y además son los que más abultan las cifras del fraude», explica Manuel Redal, consejero de Gestha. La lista se hará pública con independencia de la actividad económica y condición, es decir, ya sean personas físicas o jurídicas, y en palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, «se trata de que paguen, no lo puedo decir más claro. La lucha contra el fraude descansa, en buena medida, en el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y en la conciencia social del daño que genera el fraude fiscal», ha afirmado el ministro.

Buena noticia para unos, pero medida escasa para otros, que consideran que el problema de la economía sumergida y el fraude fiscal no terminará con la publicación de este documento que busca animar a los que no pagar a desaparecer de la lista de la vergüenza morosa.

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