La Junta faculta al Ayuntamiento a actuar en edificios que no pasen la ITV

Fomento aprobará en febrero la norma, que obliga las revisiones en Zamora, Coreses, Villaralbo, Morales y Toro

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T. S. Las obras de rehabilitación o conservación de edificios con más de 40 años que no pasen la Inspección Técnica de Construcciones podrán ser asumidas de manera subsidiaria por el Ayuntamiento. Se trata de una de las medidas que recoge la nueva regulación que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León aprobará en el primer trimestre del año, según anuncia la agencia Ical. La norma establecerá la obligatoriedad de estas revisiones en un centenar de municipios de Castilla y León, entre ellos, Zamora capital, Benavente, Toro, Coreses, Villaralbo y Morales del Vino.


La nueva normativa, que actualizará el reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado en 2004, se somete en la actualidad al análisis de los servicios jurídicos y se someterá en las próximas semanas al dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León.


La Junta quiere impulsar las revisiones con un endurecimiento de la legislación abriendo la puerta a que los consistorios puedan encargarlas y cobrárselas posteriormente a los propietarios de edificios. También, las entidades locales tendrán una mayor capacidad para exigir la ejecución de las medidas que se hayan establecido y para reclamar los documentos que acrediten la revisión.


Meses atrás, el propio Ayuntamiento de Zamora instó a la Junta de Castilla y León a flexibilizar las exigencias de la Inspección Técnica de Construcciones (ITC) para las viviendas de más de cuarenta años y dejar así «más libertad» a la institución municipal. El decreto publicado por la Administración regional para regular las certificaciones de estos edificios añade la evaluación de las condiciones de salubridad, seguridad, ornato público y habitabilidad según su destino e incluye la evaluación de las condiciones de accesibilidad de los edificios.


La normativa, que comenzará a aplicarse en 2013 y será más exigente que la nacional, que entró en vigor en julio y que establece que deben ser inspeccionados los edificios de más de 50 años, ubicados en municipios de más de 25.000 habitantes. En Castilla y León, la edad de los inmuebles se rebaja hasta los 40 años y se aplicará en todos los municipios con más de 5.000 habitantes y en aquellos que tengan 1.000 y estén situados en áreas urbanas. Hasta ahora, el Gobierno autonómico sólo exigía que estas revisiones se realizaran en municipios mayores de 20.000 habitantes y los que disponían de PGOU, por lo que sólo debían aplicarlo 60 ayuntamientos. Además, los municipios que lo consideren pueden acordar la obligatoriedad de las inspecciones, siguiendo el modelo planteado por la Junta.

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