La sorpresa saltaba el miércoles 13 de diciembre. El ministro de Economía Luis de Guindos, anunciaba desde la cumbre económica de Bruselas, donde se pactaba el Mecanismo Europeo de Estabilidad, la nacionalización de Caja España-Duero. La participación del Estado, según aquellas primeras manifestaciones, podría superar el 65% del accionariado de la Caja. Bruselas se había opuesto a lo defendido por De Guindos para que Banco Ceiss, creado por la caja regional, se recapitalizara a través de bonos convertibles, «cocos», e imponía la inyección de dinero público a través del FROB con parte de los fondos arbitrados para el rescate de la banca española por parte Europea. Se abría la incógnita de qué pasaría entonces con las negociaciones con Unicaja, después de año y medio de tiras y aflojas. Para nadie en el sector financiero era entonces un secreto las reticencias del presidente de la caja andaluza, Braulio Medel, a una operación en la que parecía tener más interés el Banco de España.

tAbsorción. Las cosas cambiaron la perspectiva a favor de la andaluza que ya había pactado en las conversaciones iniciales una participación minoritaria, del 30% de Ceiss frente al 70% de Unicaja, que apostó entonces por una absorción con una participación simbólica a cambio de devolver los 2.000 millones concedidos por el Banco de España para endulzar la operación.

tEl plan de Ceiss. El viernes 14 de diciembre, el Consejo de Administración de Ceiss reconocía las dificultades obvias del proceso con la entidad malagueña y anunciaba el contenido de su plan de ajuste: solicitaría 600 millones al Frob (ya tenía una ayuda anterior de 525 millones) y cerraría 250 sucursales, lo que implicaba la desaparición de un millar de puestos de trabajo.

La cantidad solicitada era menor de la prevista en el informe elaborado por Oliver Wyman para el Banco de España en el que se establecieron varios grupos. El grupo 1 reunía a la banca nacionalizada, el grupo 2 a los que necesitaban recapitalización. En él quedó enclavada la caja regional con unas necesidades de unos 2.000 millones en el escenario más adverso. La participación del Estado en el accionariado sería también menor de lo apuntado por De Guindos y rondaría el 30%.

tBruselas tiene la palabra. El Vía Crucis dura una semana. El jueves siguiente al anuncio de nacionalización, el comisario de Competencia de la Comisión Europea, Joaquín Almunia concreta el plan: 604 millones de euros de ayuda y la necesidad de cerrar 260 sucursales y despido de 1.500 trabajadores. Además se limita severamente la actividad y la cuota de mercado de la caja con la prohibición expresa de volver al ladrillo. Pero en esa comparecencia inicial se arrojan las primeras sombras sobre el futuro, porque hasta pasadas unas horas no se conoce con fiabilidad si Europa ha dejado o no una puerta abierta para la operación con Unicaja. Al final se conoce que la entidad malagueña podrá optar a la fusión si aporta los 600 millones antes del mes de febrero, cuando llegaría el dinero procedente de la ayuda.

tY vuelta a empezar. El viernes se detectan los primeros síntomas de sintonía entre la andaluza y la castellanoleonesa. El acuerdo inicial de fusión está muerto, pero ambas deciden reiniciar la negociación. Por delante queda mucha labor y muy poco tiempo, algo más de dos meses, para alcanzar el pacto definitivo. Todo apunta a que la historia supondrá el finiquito de Caja España-Duero. En medio, las duras negociaciones para reducir el impacto de la reducción de plantilla. Los sindicatos entienden que la reducción se notará más en las zonas de expansión y en León y Salamanca antes que en Zamora. Los depósitos están garantizados, pero los titulares de preferentes podrían perder hasta el 70% de lo invertido. Las Navidades no pintan dulces en Caja España-Duero.