Los abogados de la provincia están dispuestos a movilizarse en un intento de evitar que los ciudadanos tengan que abonar tasas para emprender cualquier acción judicial, como prevé el proyecto de Ley que planea implantar el Ministerio de Justicia, «discriminatorio», ya que «supondrá una barrera más para que puedan acceder a la justicia, lo que provocará una mayor diferencia entre pobres y ricos», denuncia el decano del Colegio, Ignacio Esbec.

Y es que esas tasas oscilan entre los 200 y 800 euros, esta última cuando se trate de plantear una apelación, lo que limitará considerablemente el derecho ciudadano a ejercitar su derecho a la justicia, por lo que Esbec no duda en asegurar que «hay que movilizarse» antes de que se aprueba la propuesta a mediados del mes que viene, porque entonces «no se podrá mover ni una coma».

Al parecer, el objetivo del Gobierno central es que entre en vigor el próximo uno de enero y su objetivo es meramente recaudatorio, a entender de los abogados, y «disuasorio», es decir, para evitar que los ciudadanos acudan a la justicia con frecuencia. Destacable es que la mayor tasa se establecería para exigir en el Juzgado de lo Social salarios de tramitación, indemnizaciones por despidos o la solicitar la invalidez.

Otro curiosa disposición es la que exime a las administraciones de pagar el tributo si denuncia a un particular en el Juzgado de lo Contencioso, un agravio frente al ciudadano que si denuncia a alguna institución pública deberá pasar por caja solo por plantear la demanda hasta 350 euros. Estos gastos, en la actualidad inexistentes, se sumarían al coste ordinario que supone cualquier tipo de procedimiento para el justiciable.

Esbec califica la medida, en trámite en el Congreso de los Diputados por el trámite de urgencia, como «una propuesta realmente gravosa» para los usuarios, que tendrán que hacer frente al pago de varias tasas para acudir a un órgano judicial cuando se trata de «un servicio público que constitucionalmente tenemos reconocido y garantizado todos los ciudadanos desde 1978». Se muestra convencido de que «será una barrera más» para hacer uso de la justicia y de que «provocará una mayor diferencia entre ricos y pobres».

Así, los abogados exigen que no se continúe con la tramitación de esta reforma de la justicia que implica la creación de tasas judiciales, «tremendamente perjudicial para la justicia efectiva que predica el artículo 24 de la Constitución, que proclama que la justicia tiene que ser real y efectiva, aspectos que se perderán de prosperar la propuesta» del Ministerio dirigido por Alberto Ruiz Gallardón, ya que «la justicia no será posible para un sector muy numeroso de la población».

Otro aspecto negativo de esta reforma que pretende el Ministerio se concreta en el choque frontal con el mantenimiento de la justicia gratuita, mandato constitucional, recogido en el artículo 119, que la establece «para que los más pobres puedan acceder», ya que, «aunque se mantiene para personas con recursos muy bajos», puntualiza Esbec, «hay una gran clase media de profesionales, empresarios y pequeñas y medianas empresas que verán obstaculizado y, en otros casos, totalmente prohibido» su derecho a pleitear.

De la recaudación que se consiguiera, no iría «ni un euro a sufragar el coste de la asistencia gratuita a los ciudadanos, al tratarse de un derecho fundamental», lo que implica que «siempre tiene que estar garantizado», por lo que «debe incluirse su financiación en los presupuestos generales del Estado».

El montante de la tasa no será el mismo en todas las instancias judiciales, de modo que, por ejemplo, quien desee reclamar una cantidad por importe de hasta 6.000 euros por la vía civil, a través de una demanda en los juzgados, deberá desembolsar, solo por presentarla, 300 euros y si tuviera que realizar un recuso de apelación deberá hacer frente al abono de otros 800 euros. Si la demanda se efectúa contra una administración en el Juzgado Contencioso, la cuantía se movería entre los 200 y los 350 euros, mientras que la apelación tendría el mismo coste que en el supuesto anterior, concreta Esbec.

«El caso más gravoso sería en el apartado social, ya que por reclamaciones de salarios, despidos o incapacidades se pagará una tasa de 500 euros», una tasa que vendría a mermar los derechos de las personas que se quedan sin trabajo en un momento como el actual, con la grave crisis económica que en Zamora ya ha dejado una tasa de paro por encima del 23%, la más alta de Castilla y León.

El Gobierno pretende con esta medida propuesta por el Ministro de Justicia «recaudar más de 300 millones de euros en todo el país y disuadir a la población, a través de un tributo más que recae solo sobre el ciudadano», ya que «paradójicamente, están exentos el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos». El decano del Colegio de Abogados de Zamora, colectivo que ya está sufriendo los efectos de la crisis en su ámbito de actuación al reducirse en un 60% los casos que acaban en los juzgados (al producirse acuerdos previos a los pleitos), en duras declaraciones al respecto remarca que esta nueva iniciativa ministerial «en definitiva, atenta contra principios esenciales del Estado de Derecho, tales como el igualdad en el acceso a la justicia».