En torno a medio millón de euros. Ésta es la cuantía que el Ayuntamiento tenía previsto ingresar en concepto del IBI por las 1.800 parcelas afectadas por la reclasificación de terrenos con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Así lo calcula Manuel Roncero, que cuenta con que esta cuantía económica se verá reducida si finalmente se aplican las bonificaciones previstas para aquellas fincas que en la actualidad tengan un uso agrícola. Villagodio, Carrascal, Guimaré y la carretera de Cubillos son las cuatro zonas cercanas a la capital más afectadas por la medida. Los implicados insisten en que la reducción del IBI «no es la solución, ya que la recalificación afecta a muchos más aspectos que a éste». Entre estas secuelas se encuentran «la repercusión impositiva en futuras transmisiones patrimoniales, que las fincas no tengan el derecho a percibir ayudas de la PAC u otras acopladas por cultivos, o que no recibamos inversiones en la modernización de regadíos de las más de 180 hectáreas reclasificadas».
