Un graduado social acaba de ser condenado por intrusismo profesional por al haberse hecho pasar por abogado sin disponer del título universitario de licenciado en Derecho y será investigado ahora por un presunto delito de falsificación documental al presentar uno manipulado. El profesional, que solo ha ejercido en el ámbito laboral para el que está facultado por su verdadera titulación, tendrá que abonar una multa de 200 euros, tras reconocer los hechos y conformarse con la petición de pena que efectuó la fiscal y que impidió que se celebrara la vista oral en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1.

La Fiscalía investigó la actividad del graduado social después de que se supiera de las protestas de varios abogados que habían comprobado cómo en los membretes de escritos oficiales de este profesional zamorano, cuyo nombre responde a las iniciales de F.A.R.B.D., aparecía como «letrado-graduado social».

Las pesquisas llevadas a cabo por la fiscal en la primavera pasada concluyeron en que el graduado se identificaba como licenciado en Derecho. Y es que en sus membretes y en las comparecencias jurídicas que realizaba en la vía laboral se hacía pasar por la doble condición profesional, si bien hay que precisar que en el ámbito laboral puede intervenir en causas judiciales de ese ámbito y llevar asuntos.

Si esta conducta había causado sorpresa en el ámbito judicial, más llamativo fue que en septiembre, cuando por primera vez el Juzgado número 1 fijó la vista oral, el imputado presentó la copia de un título supuestamente emitido por la Universidad de Salamanca, que al parecer es falso. La juez decidió suspender el juicio para comprobar la autenticidad del mismo.

En la reanudación del juicio quedó constancia de que el documento era una imitación de los oficiales expedidos por la citada Universidad, puesto que cuando se requirió al procesado para que entregara el original, aportó uno que, al parecer, es falso. La Fiscalía ha anunciado la apertura de diligencias por un delito de falsificación documental, puesto que la posibilidad de que el título de licenciado en Derecho no es auténtico habría quedado ratificado en el juicio por la infracción de intrusismo laboral celebrado ya, en el que el acusado admitió que no es abogado. El nuevo procedimiento judicial en el que está ahora inmerso podría costarle una condena a prisión, al tratarse de un delito castigado con cárcel en el Código Penal. En los escritos que dirigía a los juzgados de lo Social y en documentos oficiales de su despacho se podía leer junto a su nombre la inscripción «letrado-graduado social», lo que terminó por soliviantar a abogados en ejercicio que presentaron sus correspondientes quejas para que se emprendieran acciones judiciales.