Los socialistas van «a por todas» y recurrirán el acuerdo plenario que invalida el convenio del personal laboral del Ayuntamiento para recortar sus sueldos y anular algunos de los derechos conseguidos durante las últimas décadas. El recurso de reposición, paso previo al contencioso administrativo, «se presentará el día 23 de agosto y tendrá que resolverlo el pleno del Ayuntamiento», apunta el coordinador del grupo, Félix Francisco Rodríguez, y la responsable de los servicios jurídicos, Mar Rominguera.
Los socialistas aluden en el recurso de reposición a la «vulneración» de uno de los artículos del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, que señala que «toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día deberá estar a disposición de los integrantes de la Corporación desde el mismo momento de la convocatoria en la Secretaría», indica el reglamento.
Los concejales socialistas aluden también a la Ley de Bases de Régimen Local, que señala que las sesiones «han de convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria deberá ser ratificada por el pleno». En este sentido, prosigue la legislación que «la documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día deberán figurar a disposición de los concejales desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría». Según los socialistas, la Secretaría «emitió un informe de cierre el mismo día de la celebración del Pleno en el que se aprobó el asunto de los laborales y apenas cuatro horas antes de la celebración de la sesión», apunta el portavoz del grupo municipal socialista, Manuel Fuentes, quien concluye ante esta sucesión de los hechos que «se incumple lo preceptuado en el artículo del reglamento».
El grupo municipal socialista echa mano de la jurisprudencia y recurre a sentencias del Tribunal Supremo (TS), que ha anulado varios acuerdos plenarios en otros ayuntamientos «por no haber estado a disposición de los concejales la documentación a su debido tiempo», recuerdan los socialistas de Zamora.
Ante esta situación, Fuentes concluye que «es necesario recurrir el acuerdo y solicitar su nulidad por la evidente vulneración de la normativa de régimen local, pero también porque es un instrumento para poner de manifiesto el muy grave perjuicio económico y laboral que se le está ocasionando a los empleados públicos del Ayuntamiento como consecuencia de la nefasta gestión del PP».
La modificación del convenio de los laborales es aplicable desde este mes de agosto, con la equiparación de sueldos entre funcionarios y laborales, lo que implica en la mayoría de los casos, recortes en los salarios de estos últimos.
El Ayuntamiento plantea en marzo en el marco del Plan de Ajuste una serie de medidas aplicables a cerca de 150 laborales para equiparar sus retribuciones económicas con respecto a los funcionarios, lo que implica recorte de salarios y derechos. El comité de empresa anuncia un recurso judicial contra la decisión, poco después, el Juzgado de Zamora invalida muchas de las medidas aprobadas por el Ayuntamiento. Los tribunales fallaron que la institución local se había saltado el proceso de arbitraje y no había agotado el proceso negociador.
El «decretazo» de Rajoy
El equipo de Gobierno opta por no recurrir el fallo judicial y retoma las negociaciones con el comité de empresa para pactar un acuerdo con los laborales. Sin embargo, el proceso se agrava tras el Real Decreto aprobado por Rajoy que, según el equipo de Gobierno, deja vía libre al Ayuntamiento para tomar sus decisiones al tratarse de una situación económica «grave».
La reacción del colectivo
Tras la aprobación de la modificación del convenio del personal laboral, los trabajadores emprenderán la vía judicial para evitar que el Ayuntamiento aplique las medidas aprobadas con los únicos votos del Partido Popular. Las medidas implican el pago de doce pagas al año con la eliminación de dos extraordinarias y la supresión de la paga por productividad que, en el caso de los laborales, se abonaba en septiembre mientras que los funcionarios lo prorratean cada mes.
