Día tras día aparecen las consecuencias del consejo de ministros que el Gobierno de Mariano Rajoy celebró hace un par de semanas. El revuelo montado por la futura supresión de una parte de los concejales del país y la mayoría de las mancomunidades ha impedido analizar otra de las medidas que está sobre la mesa: la eliminación de las entidades locales menores, las populares pedanías. En España hay 3.725 entidades de este tipo, núcleos de población que dependen de un ayuntamiento de mayor tamaño. De llevarse a cabo los planes del Ejecutivo central, cerca de 8.000 zamoranos residentes en la provincia tendrían que renunciar a tener un alcalde propio y pasarían a depender del regidor municipal del ayuntamiento al que pertenecen.

Aunque el efecto no es tan pronunciado como en las provincias de León, Palencia o Burgos -allí se cuentan por centenares las llamadas juntas vecinales- sí cambiaría la gestión en poblaciones tan reconocibles como El Puente de Sanabria, Ribadelago, San Martín de Castañeda, Vigo, San Pedro de la Viña, Carbajosa, Fornillos de Aliste o Muga de Alba, pedanías más emblemáticas de la provincia. En el contexto de la provincia, son 126 las pedanías que existen en la actualidad, cuya suma de habitantes es de 7.900 vecinos.

La reforma corresponde a la modificación de la llamada Ley de Bases de Régimen Local, en la que también está incluida la supresión de un 30% de concejales en todo el país -Zamora pasa de 1.500 a poco más de un millar- y la eliminación de las mancomunidades, 18 en toda la provincia. El objetivo esgrimido por el Gobierno es el supuesto ahorro que se generará con «una administración más eficaz». En el primero de los casos, el de los ediles, los partidos de la oposición han tachado de «varapalo» al sistema democrático los nuevos planes. En el último pleno de la Diputación, el Partido Socialista pidió el apoyo de los grupos políticos para «defender» el municipalismo, al que consideran actualmente en riesgo. Es una opinión extendida que, al menos en la provincia, el ahorro con esta medida será limitado.

Lo mismo ocurre en el caso de las mancomunidades, cuyos presidentes están «conformes» con el desarrollo de sus competencias -la recogida de residuos sólidos en la mayor parte de los casos- y entienden que «no habrá ahorro» una vez que sean suprimidas. Solo sobrevivirán aquellas «rentables» y «saneadas», ha apuntado el vicepresidente de la FEMP Martínez Maíllo, quien está de acuerdo que el ahorro «será limitado» en el caso de Zamora.

En cuanto a las entidades locales menores, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha justificado la medida en la «opacidad» de la gestión de las juntas vecinales. Aunque este sistema de gestión vecinal no tiene el arraigo de la provincia de León -donde consideran estas instituciones históricas- las pedanías suponen en la provincia un rasgo identitario para los vecinos.