El comité de empresa que representa a los casi 150 trabajadores laborales del Ayuntamiento de la capital anuncia que acudirán a la vía judicial de nuevo si el equipo de Gobierno aplica a partir de agosto las medidas de recortes anunciadas por el concejal de Recursos Humanos en la institución local, Jesús Alonso, tras la última reunión con los representantes sindicales. El comité de empresa recurrirá al juzgado «para recuperar nuestros derechos y exigir a su vez responsabilidades», anuncian desde el comité de empresa.
Los trabajadores municipales ya acudieron a través de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras a los juzgados de Zamora para invalidar la propuesta del equipo de Gobierno aprobada el pasado mes de marzo y, en aquella ocasión, el fallo judicial dio la razón a los trabajadores por no agotar el Ayuntamiento la vía de la negociación y eludir la vía del arbitraje. Una resolución contra la que el Ayuntamiento no presentó recurso alguno al decidir continuar con el proceso negociador. Sin embargo, en esta ocasión el equipo de Gobierno asegura que el nuevo Real Decreto aprobado recientemente por el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, permite la anulación del convenio colectivo de los trabajadores laborales aprobado en el año 2010, según la interpretación del Partido Popular municipal.
Ante esta situación, algunos trabajadores del Ayuntamiento denuncian que «si la alcaldesa, Rosa Valdeón, como máxima responsable de la institución, tiene a bien aplicar esta reforma anunciada a partir del 1 de agosto, será de forma no ajustada a derecho laboral, siendo plenamente consciente de que esta aplicación es manifiestamente ilegal», apuntan los trabajadores, que hacen público el artículo séptimo del Real Decreto Ley 20/2012, que establece literalmentela modificación del artículo 32 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público relativo a negociación colectiva, representación y participación del personal laboral. En este sentido, los trabajadores afectados reproducen que «se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral salvo cuando, excepcionalmente y por causa de grave interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de las administraciones públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de convenios colectivos o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvar el interés público».
Una vez que por los propios informes emitidos por el departamento de Intervención han puesto en conocimiento del comité de empresa que el Ayuntamiento, «según su propio criterio todavía sin justificar realmente, necesita una cantidad de 425.000 de la partida de personal laboral», los trabajadores plantean que la medida «no es estrictamente necesaria como exige el Decreto-Ley» puesto que las medidas que se pretenden aplicar a los trabajadores laborales «suponen un ahorro a las arcas municipales que supera ampliamente los 600.000 euros», cuantifican desde el comité de empresa.
La intención del equipo de Gobierno es aplicar la medida a partir del 1 de agosto con la consiguiente reducción de hasta un 30% de los salarios de los trabajadores laborales y la eliminación de las pagas extraordinarias de marzo y diciembre -por imperativo del Gobierno central- y del plus de productividad abonado en septiembre.
