A unas horas de que se cumplan los cinco días establecidos en la sentencia, el Ayuntamiento ha decidido retomar las negociaciones con los sindicatos para dar cumplimiento al fallo judicial que da la razón a los trabajadores laborales de la institución municipal e invalida los recortes salariales aprobados por el equipo de Gobierno.

Las contadas reuniones que el grupo popular mantuvo con el comité de empresa provocó que el Ayuntamiento «no agotara la vía de la negociación», tal y como determina la sentencia, de ahí que la alcaldesa, Rosa Valdeón, pretenda ahora reconducir la situación para poder así salvar el Plan de Ajuste, invalidado a su vez como consecuencia del fallo judicial.

La continuidad de las reuniones se producirán «en los próximos días», plantea Valdeón, quien anuncia que llamarán a los representantes de los trabajadores «de inmediato».

A pesar de que tanto la alcaldesa como el concejal de Recursos Humanos, Jesús Alonso, han dejado abiertas las puertas a los despidos de personal, Valdeón subraya que «nuestro compromiso sigue siendo mantener los puestos de trabajo, pero también lo es disminuir los gastos de personal». Este montante asciende a 20 millones de euros de los que, según los sindicatos, sólo son imputables a los salarios de estos trabajadores «alrededor de 4 millones de euros». En cualquier caso, la regidora municipal insiste en «es imposible en la situación económica actual mantener esas mismas condiciones de privilegios de unos trabajadores frente a otros», apunta, en clara alusión a las diferencias entre personal laboral y funcionariado del Ayuntamiento.

A pesar de que los sindicatos se han mostrado «dolidos» por las declaraciones de la alcaldesa en las que habla de «privilegios» y rechazan tal acusación, Valdeón hace un llamamiento «a la serenidad y responsabilidad de los representantes sindicales para llegar a un acuerdo».

Este proceso puede prolongarse durante todo el año, si bien durante todo este periodo de tiempo los trabajadores volverán a cobrar sus sueldos originales.

En cualquier caso, el equipo de Gobierno deberá de adaptar su Plan de Ajuste a las nuevas circunstancias para compensar la partida económica que pretendían ahorrarse a costa de los trabajadores laborales del Ayuntamiento, alrededor de 150 personas.

Después de que una sentencia declarara nulos los decretos que adscribían al socialista Carlos Hernández a la Oficina de Tramitación de Denuncias, la alcaldesa ha dictado un nuevo decreto para ejecutar el fallo encomendando la responsabilidad de toda la OTD a Hernández. Mientras que el PSOE estudia acciones legales por «acoso y persecución política» al ex portavoz municipal del PSOE, IU interpreta que la ejecución de la sentencia «intenta reproducir los hechos que fueron anulados por sentencia, lo que podría constituir un fraude de ley». Ante esta situación, la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, aclara que la sentencia se ha ejecutado «conforme a las prescripciones técnicas de los juristas del Ayuntamiento» y niega que exista «ningún tipo de persecución política, no ganamos nada con eso», añade la regidora, quien valora que «lo único que queremos es que un trabajador tenga su puesto conforme a las necesidades del Ayuntamiento y de acuerdo a su categoría».