Los sindicatos implicados en la sentencia judicial por el conflicto con los trabajadores laborales del Ayuntamiento están «abiertos» a la negociación, según el acuerdo adoptado el pasado lunes por el comité de empresa. Sin embargo, condicionan esta vía a «que el equipo de Gobierno sea más humilde, ya que este descalabro económico que propicia esta medida está en el origen de una mala gestión de los recursos del Ayuntamiento, algo imputable solo a los equipos de Gobierno de los últimos años», apuntan Jerónimo Cantuche y Trinidad García en representación de UGT y Comisiones Obreras, respectivamente.

Ambos responsables sindicales reprochan tanto a la alcaldesa, Rosa Valdeón, como al edil de Recursos Humanos, Jesús Alonso, «su actitud amenazante» respecto a los posibles despidos, ya que «han mentido para ponernos en contra de la sociedad». Los sindicalistas aclaran que los salarios del personal laboral «no suponen más de 4 millones de euros», de modo que los 20 millones en gastos de Personal de los que habló el equipo de Gobierno «proceden también del sueldo de funcionarios, políticos y concejales», matizan ambos sindicalistas en Zamora.

Después de que la alcaldesa criticara a «determinados sindicatos» tras conocer la sentencia por «preocuparse más de defender los privilegios de unos que de conservar el empleo de todos», Cantuche y García puntualizan que «aquí no existen privilegios de ningún tipo sino derechos reconocidos por ellos mismos y recogidos en un convenio colectivo».

Las deficiencias en la tramitación del acuerdo por no agotar la vía negociadora supone el fallo de fondo que llevó a los tribunales a quitarle la razón al Ayuntamiento y a dejar sin efecto la modificación de retribuciones a los laborales. En el caso de retomar las negociaciones, tal y como así parece dada la disposición de ambas partes, el estatuto de los trabajadores marca el siguiente proceso: «Un periodo de consultas de quince días. En el caso de que no haya acuerdo, un plazo de siete días para que se pronuncie la comisión paritaria y, si tampoco hay acuerdo, nos iríamos al arbitraje y a un posible acuerdo que es impugnable en un laudo. A través de él podríamos seguir la vía de la jurisdicción llegando a la vía judicial si no estamos de acuerdo con lo que se dicte en el laudo», expone Cantuche.

El procedimiento tiene una duración en el tiempo que oscila entre los «tres o cuatro meses perfectamente». En cualquier caso, durante los meses que duren tanto las negociaciones como el procedimiento judicial -en el caso de que el conflicto vuelva a los tribunales, como así se prevé- los trabajadores laborales continuarán cobrando sus salarios anteriores. Además, el Ayuntamiento deberá completar los sueldos recortados durante el mes de aplicación de la medida.