La confederación empresarial zamorana CEOE y la Asociación Zamorana de Libreros (Azal) reclaman a la delegación territorial de la Junta de Castilla y León más medios de control para luchar contra la economía sumergida y la competencia desleal. El aumento de la labor inspectora es una de las demandas de los empresarios para combatir ambos problemas, «que causan un grave perjuicio a las actividades legales que pagan sus impuestos y sufren la crisis económica», asegura el presidente de la patronal zamorana, Ángel Herrero Magarzo.
El delegado territorial de la Junta, Alberto Castro, ha transmitido a los representantes empresariales su compromiso para aumentar el control sobre las actividades ilegales y para ello insta a los empresarios a denunciar los casos de economía sumergida o competencia desleal de los que puedan tener constancia. Sin embargo, Ángel Herrero cuestiona la eficiencia de este sistema «porque si tenemos constancia de que un taller mecánico aloja un servicio de tapicería ilegal pero cuando va el inspector está cerrado el taller no sirve de nada». De hecho, el de los talleres mecánicos, es uno de los sectores en los que se ha detectado una mayor incidencia de economía sumergida. El responsable de la patronal denuncia que «además de tapizar, hay talleres que se dedican a chapa y pintura cuando están dados de alta para otras actividades». Según denuncia, estas prácticas suponen una competencia desleal para los talleres especializados.
Dentro del sector de la automoción, los concesionarios de vehículos y los profesionales dedicados a la venta de coches de segunda mano son otros de los negocios de la provincia más afectados por la economía sumergida. Las operaciones ilegales se reflejan en el gran número de anuncios colgados en vehículos aparcados en varios puntos de la ciudad. El presidente de la CEOE muestra su confianza en que la nueva ordenanza de comercio ambulante que elabora el Ayuntamiento sirva para erradicar estas prácticas. En este sentido, reitera que «hemos hecho llegar al equipo de Gobierno municipal las normativas existentes en otras provincias que impiden las ventas ilegales de vehículos en las calles con elevadas sanciones a los infractores».
Las librerías de la capital tampoco se libran de la proliferación de actividades irregulares. La venta de libros por parte de colegios concertados y de asociaciones de padres se ha convertido «en una dura competencia para las librerías en un momento en el que lo están pasando especialmente mal», según incide Ángel Herrero Magarzo. De hecho, advierte que un gran número de negocios del sector se verán abocados al cierre en caso de que no se tomen las medidas oportunas.
Otro de los puntos abordados en el encuentro mantenidos ayer entre los responsables de la patronal, de la asociación de libreros y el delegado de la Junta de Castilla y León fue la necesidad de aumentar el control sobre trabajadores que desempeñan su actividad de forma irregular. Entre ellos, Ángel Herrero pone de ejemplo a los beneficiarios de prestaciones de desempleo que realizan actividades laborales o a los jubilados que también optan por obtener unos ingresos extra. En este sentido destaca la imposición de sanciones a empresarios de hostelería por la falta de realización de contrato a sus trabajadores.
