La Junta de Castilla y León sólo invirtió el 25% del presupuesto global previsto para Zamora, del que quedaron pendientes «733 millones de euros», lo que supuso una pérdida de «1.460 empleos», «una humillación consentida por el PP zamorano y en concreto por el presidente provincial, Fernando Martínez Maíllo, y el delegado territorial, Alberto Castro, a los que falta la vena reivindicativa», denunciaron ayer los procuradores del PSOE Ana Sánchez e Ignacio Martín Benito. «Están más ocupados de aferrarse a la poltrona», manifestó el socialista benaventano, «que de los problemas de la provincia zamorana».

El porcentaje de inversión realizada se reduce aún más si se observan las cifras de Sanidad, donde «no se ejecutó el 99% del presupuesto; el 88,57% del de Gerencia de Salud; y el 72%, del de Fomento», especificó Martín Benito, quien extendió lo que denominó «desequilibrios» a las áreas de Servicios Sociales, Educación, Cultura y Turismo, y al Plan Regional de Carreteras. Hubo palabras de reproche por una política de inversiones que «abren más la brecha entre las provincias más ricas y la más pobre» de la región, «que es Zamora», puesto que se ha invertido mucho más en Burgos o Valladolid, provincias mejor situadas de la Comunidad Autónoma.

Por su parte, Ana Sánchez, habló de «recortes encubiertos, por la puerta de atrás, que se han venido produciendo como denunciamos porque eso es no ejecutar», como sucedió el año pasado. Y subrayó que «por cada un millón de euros que no se ha gastado, se han perdido 10 empleos». La procuradora del PSOE inquirió «qué hace la Junta de Castilla y León con el dinero que corresponde a Zamora, mientras se exigen sacrificios a los ciudadanos. Y se lo pregunto directamente a Castro», subrayó. Sánchez, que anunció una ronda de reuniones con los diferentes sectores para explicar esta circunstancia, concluyó diciendo que «Zamora tiene derecho a saber dónde está su dinero y a exigir el control del mismo, que es público».