La sobrina de Arturo Calamita, dueño de la antigua imprenta y armería Heraldo de Zamora, no logró hacerse con el local situado en la calle de Santa Clara, valorado en 3,4 millones de euros, al ofrecer en la subasta una cantidad inferior, que no ha trascendido. La adjudicación está ahora a expensas de que los herederos del que fuera dueño del negocio presenten en diez días una oferta que mejore la cuantía ofrecida por Manuela Calamita y la empresa vasca que ejecutó la subasta, Tornillerías Elcoro S. A., ambas por debajo del 70% del valor de la tasación, es decir, de 2,38 millones de euros.

Esta sociedad también podrá presentar un tercer postor. La empresa trata con la subasta de cobrar los 586.934 euros de deuda que el Heraldo mantenía con sus trabajadores por sus despidos improcedentes y que compró la firma vasca. La cifra se consignó en el concurso de acreedores de la tradicional imprenta.

Manuela Calamita, que mantiene una querella contra Carmen Illán, viuda de Arturo Calamita, por cuestiones relativas a la herencia familiar, fue la única postora, además del representante de la empresa ejecutante, que se presentó ayer en el Juzgado número cuatro de la capital en el que tuvo lugar la subasta y donde se efectuaron varias pujas, todas ellas por debajo de los 3,4 millones en los que se tasó el local y no iguales al 70% de tal cantidad, lo que impide adjudicar la propiedad.

El futuro de este inmueble se decidirá en diez días, plazo que otorga la Ley para que el ejecutado, en este caso los herederos de Calamita, presenten a «un tercero que mejore la postura, ofreciendo cantidad superior al 70% del valor de tasación o que, aun inferior a dicho importe, resulte suficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante», es decir, de «Tornillerías Elcoro».

Si ese supuesto no se diera, la empresa vasca podrá, en cinco días, pedir la adjudicación del inmueble «por el 70% de dicho valor o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esta cantidad sea superior al 60% de su valor de tasación y a la mejor postura». Si «Tornillerías Elcoro» no ejerce ese derecho, el juez aprobará la adjudicación del local a favor de quien ha sido el mejor postor, que deberá haber ofrecido una cuantía superior a 1,7 millones de euros, es decir, al 50% del valor de tasación; o si, es menor, debe cubrir al menos los 586.934 euros, deuda que trata de cobrarse la empresa vasca, a lo que hay que añadir la previsión para intereses y costas.

En caso de que ninguno de esos supuestos se cumpla, es al secretario judicial al que corresponde tomar la decisión sobre la aprobación del remate, una vez escuchados quienes están afectados por la subasta y los que han participado en ella. Fundamental en tal resolución es, según la Ley, «la conducta del deudor en relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede, las posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor mediante la realización de otros bienes, el sacrificio patrimonial que la aprobación del remate suponga para el deudor y el beneficio que de ella obtenga el acreedor». En este último caso, contra la resolución del secretario cabe recurso directo de revisión ante el Juzgado que dictó la ejecución.