Los servicios juirídicos de la confederación empresarial zamorana han recibido un aumento de reclamaciones relacionadas con la imposición de sanciones por parte de los inspectores de consumo. Las multas alcanzan una cuantía media de 600 euros, «que no llegan en el momento más oportuno teniendo en cuenta la mala situación que atraviesan la mayor parte de los establecimientos», recrimina el presidente de CEOE-Cepyme, Ángel Herrero Magarzo.
El responsable de la patronal critica «los criterios cada vez más estrictos valorados por los inspectores». Pone de ejemplo que la normativa obliga a acompañar todos los artículos mostrados en los escaparates del precio de venta, «pero si te falta alguno porque se está haciendo un cambio de escaparate tampoco es justo recibir una sanción por un caso aislado». Los establecimientos a los que se haya notificado sanciones de este tipo pueden acudir a la sede de la confederación empresarial donde tienen a su disposición un pliego de descargo para levantar un acta y realizar una reclamación. Además, Magarzo anuncia su intención de solicitar una próxima reunión con el delegado de la Junta de Castilla y León para abordar este tema.
Para su lado, los establecimientos dedicados a la venta de vehículos denuncian el mantenimiento de operaciones ilegales en distintas calles de la capital.
