La única entidad financiera con sede en la provincia, Caja Rural de Zamora, así como el resto de las principales cajas y bancos que operan en el territorio, como Caja España-Duero, BBVA o Santander, por citar solo algunos, se han adherido voluntariamente al código de buenas prácticas «para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», lo que se conoce como dación en pago del inmueble en determinados supuestos.
Caja Rural de Zamora indica que el compromiso de la entidad es aplicarlo a las hipotecas inferiores a los 120.000 euros. Los clientes que quieran acogerse deben encontrarse en el umbral de exclusión: que todos los miembros de la unidad familiar estén en paro, que la hipoteca supere el 60% de los ingresos netos, que no tengan otro patrimonio para hacer frente a este préstamo y que éste carezca de otras garantías reales o personales.
La Caja Rural, como el resto de entidades, una vez adheridas al código de buenas prácticas, deberán aplicarlo siempre que el cliente deudor acredite estar en el umbral de exclusión, para lo que se exigen certificados del Servicio de Empleo, la Agencia Tributaria o el Registro de la Propiedad.
La Caja se adhiere al código de buenas prácticas por dos años, renovables.
Los clientes podrán solicitar y obtener de la entidad acreedora una reestructuración de su deuda hipotecario, «al objeto de alcanzar la viabilidad a medio y largo plazo». No lo podrán solicitar aquellos deudores que ya están inmersos en proyectos de ejecución, una vez que se haya anunciado ya la subasta. En el plazo de un mes, explicaron fuentes de Caja Rural, la entidad deberá notificar y ofrecer al deudor un plan de reestructuración en que se concrete una carencia en la amortización de cuatro años y también la ampliación del plazo de amortización hasta 40 años, a contar desde la concesión del préstamo. El código establece la reducción del tipo de interés aplicable del euribor más 0,25 puntos durante el plazo de carencia. Adicionalmente, la entidad podrá reunificar el conjunto de deuda total contraída por el deudor.
En un plazo de doce meses desde la solicitud de reestructuración y para aquellos en que ésta resulte inviable, los deudores podrán pedir la dación en pago de su vivienda habitual y la entidad financiera está obligada a aceptarla, quedando así cancelada la deuda.
