La Federación Española de Municipios y Provincias de la que Fernando Martínez Maíllo es vicepresidente acordó en la junta de gobierno de ayer apuntalar las condiciones de los créditos para pagar a los proveedores inicialmente pactadas con el Ejecutivo central porque «cualquier alteración» de alguna de ellas «podría restringir» la efectividad de la línea de préstamos «y hacerla menos operativa».

En esencia, los créditos a los ayuntamientos les permitirán hacer frente al grueso de facturas de empresas de suministro acumuladas por falta de liquidez. La clave de la negociación depende ahora del Gobierno central y de los propios bancos, ya que los municipios pretenden fijar en el 5% y no en el 7% como se ha llegado a barajar. Los responsables de la FEMP advierten que los puntales básicos del llamado «plan Montoro» son irrenunciables y que, de echarse abajo alguno de ellos, la línea de crédito no tendría el éxito esperado, como ya ocurrió con la propuesta ICO 2010 con Rodríguez Zapatero como presidente. El propio Martínez Maíllo ha reiterado el «fracaso» del anterior plan y confía en que éste permitirá «cumplir» con los autónomos y dotar a las arcas municipales de mayor liquidez.

Por otro lado, el presidente de la FEMP y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, reconoció en la junta de ayer los problemas que afectan a las cuentas municipales, pero niega que tengan peso en la economía estatal porque «no son el problema». Como ejemplo, apunta que los 17.000 millones inicialmente previstos para que los ayuntamientos paguen sus deudas, sólo se han solicitado finalmente 9.500 a través del documento que los alcaldes y responsables de diputaciones presentaron al Gobierno el pasado 15 de marzo.

Asimismo, Zoido realizó una defensa cerrada de los municipios con el fin de delimitar sus competencias y obtener el dinero que les adeudan las comunidades autónomas. «Los ayuntamientos no pueden seguir financiando a las autonomías», zanjó Zoido en presencia del presidente provincial Martínez Maíllo.