La Diputación Provincial solicitará un crédito de unos 30 millones de euros para afrontar la deuda total a proveedores que acumulan más de medio centenar de ayuntamientos, de la que el 86% corresponde a la capital (16,7 millones), Benavente (3 millones) y Toro (2,9), cuantía que conformará el Plan de Ajuste que se presentará al Gobierno central, según se concretó ayer al término de la jornada informativa dirigida a alcaldes y secretarios municipales.

La cantidad indicada es una estimación, puesto que a última hora de ayer se habían contabilizado sólo 26 millones de euros, «a los que deberán añadirse, con los datos extraoficiales que manejamos, otros tres millones aproximadamente», puntualizó el vicepresidente de la Diputación, Aurelio Tomás.

El análisis de los números presentados por los alcaldes hasta ahora -y «a la espera de conocer los datos de entre diez y 15 que no han comunicado sus datos», precisó Aurelio Tomás- lleva a la conclusión de que «la cantidad que solicitarán los pequeños ayuntamientos, de menos de mil habitantes, oscila entre los tres y cuatro millones de euros, lo que supone un 13% del total de localidades» que acumulan deuda que no pueden afrontar, apostilló el presidente de la Diputación, Fernando Martínez Maíllo.

Esta información sirvió al mandatario provincial para romper una lanza en favor del papel de estas localidades menores, cuya continuidad como entidades está en el centro del debate de la reorganización territorial, al destacar la buena gestión de sus alcaldes y la salubridad de sus arcas. «Los pequeños municipios no tienen apenas deudas con proveedores, que se concentran fundamentalmente en los más importantes de la provincia», a los que el presidente salvó al indicar que «lógicamente son los que disponen de más servicios». Martínez Maíllo abundó en que tales cifras indican que por lo general en el medio rural la gestión es estable en cuanto a pagos e ingresos de tasas e impuestos se refiere.

«El problema de la morosidad no está en los ayuntamientos pequeños, lo que demuestra la gestión austera y responsable de sus alcaldes», declaró Aurelio Tomás en esa misma línea argumental, para reiterar que «sólo hay 50 ayuntamientos con problemas de morosidad contabilizados a día de hoy y creemos que ese número podría aumentar en diez o 15 que en estos momentos no tenemos controlados».

Los alcaldes que aún no han presentado su Plan de Ajuste dispondrán de plazo hasta el día 30 de marzo, un documento en el que deberán detallar cómo pretenden lograr la liquidez necesaria para devolver en doce años el dinero que adelantará el Gobierno central para zanjar sus deudas de suministros y contratos de obras de infraestructuras. Deberán especificar cómo esperan conseguir más ingresos (con un aumento en tasas e impuestos) y ahorrar en personal y servicios, además de especificar los gastos previstos para el año próximo y los doce ejercicios siguientes. La Diputación «afinará» a lo largo del mes de abril las facturas presentadas, ante la previsión de que puedan variar las cuantías, bien porque los ayuntamientos abonen alguna deuda, bien porque en los documentos finales se agreguen otras.