La Diputación y las instituciones locales de la provincia van a recibir 4,7 millones de euros de las arcas de la Administración central para obtener así una mayor liquidez. Esta cantidad corresponde al 50% de la liquidación por la participación en los tributos del Estado a favor de las entidades locales en 2010. La iniciativa era una de las medidas reclamadas por la Federación Española de Municipios y Provincias.

En las previsiones de liquidación publicadas, el Ayuntamiento de la capital obtiene como anticipo una cantidad de más de 700.000 euros, mientras que la Diputación y el resto de instituciones locale podrían ingresar en sus arcas unos cuatro millones de euros (la mayor parte para la institución provincial).

En la normativa que se acaba de aprobar se especifica que el anticipo del 50% se hará de oficio por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y tendrá carácter general, es decir, afectará a todas las entidades locales, sin condición, salvo la necesidad de haber presentado la liquidación correspondiente al año 2010, según especifica la información facilitada desde la FEMP y Diputación Provincial de Zamora. Además, se establece que no se podrá reconocer el anticipo a aquellas entidades locales a las que, en la fecha de entrada en vigor de la presente norma, se les estuviera aplicando la retención de entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado.

La norma recoge por otra parte la posibilidad de que mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado se establezca y regule los anticipos de las liquidaciones definitivas de la participación de las entidades locales en tributos del Estado correspondientes a ejercicios posteriores a 2010.

En el articulado legal se prevé que se compensarán con cargo al anticipo las deudas que, en su caso, tengan las entidades locales con la Agencia estatal de Administración Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social. La regulación, tal y como solicitó la FEMP, se ha llevado a cabo antes de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales con el objetivo de acortar la entrada en vigor de la medida y beneficiar a las entidades locales.