La alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, considera que las medidas tomadas en relación con los empleados públicos del Ayuntamiento permitirán cumplir con el plan de ajuste al que obliga el Ministerio de Hacienda para facilitar el préstamo del pago a proveedores, cifrado en 16,7 millones de euros. El departamento que dirige Cristóbal Montoro publicó el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado el modelo de los datos que pedirá a los ayuntamientos para aprobarles el plan de ajuste que asegure que el pago de las deudas a los proveedores no vuelva a reproducir pasado un tiempo los mismos saldos acreedores. Entre otros extremos para reducir gastos Hacienda pide qué va a hacer el ayuntamiento del que se trate para bajar los sueldos de persona, bien sea mediante la disminución de sueldos o de efectivos. La alcaldesa señaló que el Ayuntamiento ha optado por rebajar las condiciones laborales en lugar de recurrir a medidas como despidos o un expediente de regulación de empleo, que sería quizá «más fácil, pero también más traumática». Con los ajustes propuestos, Valdeón cree que se cumplirán los objetivos sin necesidad de tomar medidas más drásticas en este terreno.

También pide explicaciones de otras medidas, como la reducción del número de personal de confianza o las retribuciones de los políticos cuyos sueldos, explicó la alcaldesa, ya se redujeron al comienzo de la crisis. También se pide un exhaustivo detalle sobre la financiación de cada servicio público, con el coste y el ingreso para sufragarlo: abastecimiento de agua, alcantarillado, basura, saneamiento, servicios sociales y asistenciales, etcétera.

En este sentido, el Ayuntamiento de Zamora irá también con los deberes hechos, debido a la actualización de prácticamente todas las tasas decidida por el equipo de Gobierno, e incluso la incorporación de algunas que se habían suprimido, como la de basura, que no se descuenta del IBI al que se había asignado. De esta forma la reducción de gastos y los aumentos de ingresos podrán cuadrar, eso espera al menos la alcaldesa, de tal forma que el plan de ajuste permita pasar sin problemas el filtro de Hacienda.

El modelo ministerial hace también referencia a las empresas públicas, aunque en este caso la principal, la Sociedad de Turismo, está en trámites de disolución. Precisamente Izquierda Unida ha pedido al Ayuntamiento que diga los plazos concretos para su disolución, ya que «cada mes que transcurre son cinco nóminas que hay que pagar, unos doce mil euros». También pregunta a través de qué método se van a pagar los 250.000 euros que esta Sociedad debe a proveedores, y también qué pasos se están dando para que el proyecto europeo Poctep, que lideraba la entidad y tenía 330.000 euros de fondos europeos, pueda proseguir y no se pierda este dinero.

Salvo lo que pueda pasar con estas incógnitas, la alcaldesa y su equipo consideran que el Ayuntamiento se podrá acoger a la línea de préstamo para el pago a proveedores, lo que permitirá resolver la situación de tardanza en los pagos, aunque obligará, eso sí, a apretarse en cinturón en los gastos y a ser diligente a la hora de conseguir ingresos.