El propietario del bar «Metrópolis» de La Marina espera desde hace casi seis meses a que el Ayuntamiento de Zamora le abone los más de 50.000 euros en que estima los perjuicios económicos sufridos por el cierre de su local, declarado ilegal por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, en la que los magistrados consideran que ha habido un «agravio comparativo» respecto de los locales de las inmediaciones que mantienen su actividad.

Si la institución local no atiende su reclamación en abril, el empresario no esperará más, está decidido a «ir al Juzgado para pedir por la vía civil daños y perjuicios», declara el titular del negocio, Miguel Tino Pardal. La cuantía se corresponde con los dos años transcurridos desde que el Juzgado Contencioso de Zamora estimó ilegal el cierre y la confirmación por sentencia firme del Superior de Valladolid». Es decir, el tiempo transcurrido desde el 19 de diciembre de 2009, «cuando solicité abrir de nuevo», con el fallo judicial de Zamora en la mano, hasta enero de 2012, «cuando recibo la autorización», casi dos meses después de que se pronunciara a su favor el Tribunal regional.

«El cálculo» de la indemnización «me lo ha hecho un economista, que ha valorado las pérdidas aproximadas» que el empresario ha tenido que soportar mes a mes porque el Ayuntamiento no le permitió retomar la actividad hostelera tras el 19 de diciembre de 2009. Tino Pardal explica que aquella primera sentencia desestimó que el funcionamiento del local produjera un exceso de ruidos, como había denunciado una vecina y como argumentó la institución local para cerrarle el negocio en febrero de 2008, un establecimiento que se puso en marcha en 1982 y tuvo diversos propietarios hasta llegar a manos del actual. Cuando fue clausurado era un «after hour» (abría a partir de las seis de la mañana), «pero no tenía música alta porque a esas horas no vas a despertar a todo el vecindario», apunta el titular del «Metrópolis». Disponía de «limitadores en el equipo», de hecho las mediciones de decibelios que efectuaron en su local no dieron niveles superiores a los permitidos por la legislación. Dos años tardó el TSJ en confirmar que el cierre decretado por el Ayuntamiento de Zamora era ilegal.