Un «no» rotundo, con mayúsculas y casi unánime fue el que plantearon ayer los trabajadores laborales del Ayuntamiento de Zamora tras los inminentes recortes salariales y restricciones en sus derechos impuestos por la institución local. Con 108 votos en contra de la propuesta municipal, 4 a favor y 11 abstenciones, los empleados públicos dan la espalda a mano alzada a una medida que se aplicará «sí o sí» a partir de abril, lo que lleva a los afectados a exigir al menos «garantías para conservar todos los puestos de trabajo» y a reivindicar «una temporalidad de las medidas para recuperar nuestros derechos cuando mejore la situación económica», planteó ayer el sindicalista Jerónimo Cantuche (UGT) durante la asamblea celebrada por el comité de empresa.
El comité de empresa estudia un posible recurso judicial contra «la lesión grave de nuestros derechos»
En cualquier caso, la decisión de los trabajadores laborales —que será registrada hoy en el Ayuntamiento— no cambiará a priori el rumbo de los acontecimientos puesto que «esto no es una negociación», dejó bien claro hace unos días el concejal de Recursos Humanos, Jesús Alonso. Ante esta situación, los sindicatos anuncian que sus servicios jurídicos estudiarán un posible recurso a través de la vía judicial para tumbar la medida, que será aprobada en el Pleno de este mes. Precisamente esa falta de negociación es la que los trabajadores reprochan al equipo de Gobierno porque «aplican una pérdida de derechos única en la democracia de este país sin justificarnos la situación económica con datos reales».
Durante la asamblea masiva celebrada ayer en la Alhóndiga, el representante de Comisiones Obreras, Eugenio González, insistió en tres conceptos: miedo, huelga y engaño. El sindicalista aseguró durante su intervención que «lo que quieren es meternos miedo» y auguró que «nos crujirán y a quien le toque, le tocó». A su juicio, «sólo hay una manera de ganarles la batalla: con una respuesta contundente». Los sindicatos aprovecharon para instar a los trabajadores a respaldar la próxima huelga general y guardaron un hueco en sendos discursos para arremeter contra Rosa Valdeón: «¡Señora alcaldesa, embustera!», lanzó sin paños calientes González en referencia a las declaraciones de la regidora «relativas a que se le rompe el corazón si tiene que hacer un ERE».
Los sindicatos hacen un llamamiento a «todos los trabajadores» a ejercer una protesta masiva en el Pleno municipal ordinario de este mes, donde se aprobará el plan de ajuste. La sesión se prevé agitada si se tiene en cuenta que los Bomberos también desplegarán sus pancartas, una vez más, para reivindicar su particular convenio.
Aunque las divisiones internas entre los trabajadores durante estos días a consecuencia de la equiparación entre funcionarios y laborales ha sido un secreto a voces, Cantuche asegura que «el esfuerzo del comité de empresa ha conseguido la unidad y el consenso en un documento compartido». Aunque admite «las posiciones encontradas» días atrás, asegura también que «ese problema de división ha terminado hoy», resolvió Cantuche al término de la asamblea.
Los sindicatos llaman a los afectados a secundar la huelga y a protestar en bloque durante el próximo Pleno
Los laborales son los más damnificados por la restricción laboral presentada el pasado 2 de marzo por el concejal de Personal, unas medidas que alteran los artículos recogidos en el convenio colectivo pero que sí permite la nueva reforma laboral aprobada por el Gobierno central. Además de la equiparación salarial entre funcionarios y laborales —lo que implica recortes de unos 3.000 euros al año para estos últimos—, el paquete de medidas implica modificaciones en su jornada laboral al pasar a trabajar dos horas y media más a la semana. También recibirán dos pagas extraordinarias menos y verán eliminadas algunas prestaciones recibidas hasta el momento, tales como anticipos, premios de jubilación, jubilaciones parciales o beneficios sociales y sanitarios. Según los cálculos del equipo de Gobierno, este recorte implicará un ahorro de medio millón de euros sumado a los otros 500.000 euros a costa de los funcionarios.
El plan de ajuste previsto por el Ayuntamiento, que tendrán que remitir al Ministerio de Economía antes del 31 de marzo, incluye también un ahorro del 10% en los costes políticos de la institución municipal.
