El Ayuntamiento agotará los plazos para remitir la relación de las obligaciones pendientes de pago a proveedores, que culmina el próximo jueves. Será precisamente el día 15, fecha tope, cuando la institución municipal remita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el listado de manera telemática y con firma electrónica, tal y como marca la normativa estatal. Más de la mitad de todo el montante de la deuda municipal, «casi el 60%» de los alrededor de los 17 millones de euros, se debe a las grandes concesionarias de servicios en Zamora, «caso de basura, autobuses o jardines», explica el concejal de Economía en el Ayuntamiento de la capital, Manuel Roncero.

Que las grandes concesionarias puedan finalmente integrarse en el plan de pago a proveedores supone para el Ayuntamiento «un gran respiro», admite el concejal, ya que «aunque son pocas facturas, se trata de importes muy elevados». Tanto es así que a partir del 1 de mayo, el edil responsable de cuadrar las cuentas municipales aspira a «dejar las arcas impolutas».

Una vez remitida al Gobierno central toda la información sobre la cuantía económica pendiente de pago, el Ayuntamiento deberá presentar antes de final de mes un plan de ajuste que tendrá que someterse al Pleno de este mes para cumplir las directrices del real decreto. Los técnicos «están a la espera de que nos envíen los formularios para mecanizar el proceso de modo que, por ahora, estamos trabajando con borradores cuyos datos volcaremos después en el sistema informático», explica Roncero.

El plan de ajuste implica restricciones ya anunciadas, como la subida de las tasas municipales, y otras nuevas que han cogido por sorpresa a trabajadores y oposición, caso de las modificaciones en las condiciones de funcionarios y personal laboral, que verán ampliada su jornada laboral a 37,5 horas y contarán con recortes de beneficios sociales y otros derechos con los que hasta ahora contaban como trabajadores del Ayuntamiento.

Ante esta situación, el portavoz del grupo municipal socialista, Manuel fuentes, presentó ayer en el registro del Ayuntamiento la petición de convocatoria de la comisión de Personal y Protección Ciudadana «para analizar, debatir y dictaminar la modificación unilateral de las condiciones de trabajo de personal laboral y funcionarios en aplicación de la reforma aprobada por el Gobierno del PP», exige el socialista. En el escrito, Fuentes recuerda que el pasado 6 de marzo solicitó una convocatoria extraordinaria para debatir la modificación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos «y transcurridos seis días, ni siquiera nos han contestado». Ante esta situación, Fuentes recuerda al concejal del área de Recursos Humanos, Jesús Alonso, «la periodicidad mensual de la convocatoria ordinaria de las comisiones».

Además, los socialistas quieren abordar en esa misma comisión el anuncio público de Jesús Alonso relativo a la reducción de los costes políticos del Ayuntamiento en un 10%. Toda la oposición está a favor de «dar ejemplo» y hacer un esfuerzo en la reducción de costes políticos pero no asumen los porcentajes que plantea el equipo de Gobierno: un 57% de la reducción de los 82.000 euros de gastos políticos a costa del PP, un 24% de recorte para PSOE, un 16% a IU y un 4% a Adeiza. Los socialistas apuestan por meter la tijera «en la misma proporción que se haga con los trabajadores», Francisco Guarido (IU) aboga por una disminución «según el gasto y no según los votos» mientras que Adeiza plantea que la reducción del 10% en los costes políticos del Ayuntamiento se establezca «en función de los ingresos de los grupos», valora Miguel Ángel Mateos.