«Atendiendo a las medidas de austeridad y ahorro económico que deben poner en marcha todas las administraciones públicas para contribuir a superar la grave crisis económica y el déficit público, el Ayuntamiento de Zamora ha propuesto al Comité de Empresa nuevos ajustes que permitirán un ahorro económico de casi medio millón de euros y mejorará la gestión de su personal». De esta manera encabezaba el Consistorio la nota de prensa que informaba de las medidas de ahorro laboral que quiere poner en práctica. Una de ellas, «la equiparación de laborales y funcionarios. Esta medida permitirá poner fin a los agravios comparativos que existen en las condiciones laborales de ambos colectivos, dándose la paradoja de que dos trabajadores que desempeñan la misma función y categoría tienen percepciones salariales y condiciones laborales muy distintas en función de su forma de acceso al Ayuntamiento».

También incluye «la movilidad funcional de todos los trabajadores dentro del Ayuntamiento de modo que la institución pueda distribuir a sus efectivos en función de las necesidades que se existan en cada momento respetando siempre las funciones y tareas asignadas a cada categoría. De este modo, y además del ahorro económico, la propuesta planteada por el equipo de Gobierno permitirá rentabilizar los recursos humanos y atender las necesidades de los ciudadanos sin incrementar el volumen de trabajadores públicos». Además, el Ayuntamiento aplicará para todos sus trabajadores una jornada laboral de 37,5 horas semanales, desaparecen los incentivos por jubilación, la adquisición de ropa de trabajo queda supeditada a las necesidades reales y los pluses de antigüedad pasan a tener carácter trianual para todos los trabajadores.

A falta de la reunión que hoy mantendrá el Comité de Empresa, ya se han alzado algunas voces discordantes. El presidente provincial del sindicato CSIF, Juan Rodríguez Santa Cecilia habla de «una interpretación absolutamente rompedora de la ley de reforma laboral. Lo que la ley señalada como excepcional ellos lo dan como aplicable sin negociar, con amenazas inaceptables: o se acepta lo que se proponen o van a un expediente de regulación de empleo». La propuesta municipal es «rompedora, bestial, drástica e inasumible» y se adopta sin dar «un primer paso de recortes en la estructura política y empresarial». Destaca que «jamás ha habido enfrentamiento entre los laborales y los funcionarios. Quieren esa guerra para hacer lo que les de la gana, pero no se lo vamos a permitir», aunque hayan «amenazado: o se aplica la normativa o no tienen el menor escrúpulo de poner de patitas en la calle a los trabajadores que ellos consideren oportuno. Con estos métodos tan democráticos, alumbramos la Semana Santa; no van a hacer falta velas con tanto cirio».

El concejal de Personal, Jesús Alonso, señaló que de lo que se trata es de aplicar las medidas necesarias para evitar esa posibilidad de tener que aplicar un ERE y por tanto, el planteamiento no es el de una amenaza, sino de buscar fórmulas que eviten medidas más drásticas.

El portavoz socialista, Manuel Fuentes, calificó de «retrógrada» la propuesta del concejal de Personal, que advierte de la posibilidad de un expediente de regulación de empleo para los 120 laborales de la plantilla municipal. Además «la propuesta del PP reduce los periodos de vacaciones, se restringe la ropa de trabajo, suspende la posibilidad de jubilación parcial a partir de los 60 años, eliminan toda las ayudas sociales a los trabajadores, rebajan de 3 a 2 las pagas extraordinarias, reduce la antigüedad y prepara el terreno para privatizar servicios y eliminar el derecho para elegir permanecer en la plantilla municipal o pasar a la empresa.