El Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó ayer la creación del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales autonómico, una figura incluida en la Ley de Medidas Tributarias y Financieras y que atiende a las previsiones del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El nuevo Tribunal tendrá su sede en Zamora, ya que la Junta ha decidido adscribirlo al Consejo Consultivo, de tal forma que ambos compartirán presidente y vocales. Precisamente ayer el parlamento autonómico eligió a los representantes propuestos por el Grupo Popular y el Socialista para el Consejo Consultivo, un plantel en el que repite Mario Amilivia, que se perfila para seguir en la presidencia, y entran nuevos Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y el histórico socialista vallisoletano Ángel Fernández, que vuelve a la primera línea de la actividad pública. Los tres tomarán posesión ante el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el plazo aproximado de diez días, acto que repetirán en la sede de la institución, en Zamora.

En la sesión solemne prevista para mediodía de hoy en la Diputación, un acto público de lectura y aprobación de la memoria del Consejo Consultivo del año 2011, estarán todavía los consejeros salientes, además del miembro nato que queda, José Constantino Nalda.

Ni Amilivia ni los otros dos consejeros electivos percibirán retribución alguna a mayores por sus funciones en el nuevo Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, un órgano que recibirá del Consultivo los medios materiales y personales para ejercer su labor. Está por ver si las nuevas competencias requieren un mayor espacio en las dependencias del nuevo edificio del Consejo Consultivo o éste podrá seguir disponiendo de espacios libres que ceder al Ayuntamiento de la capital para fines culturales o turísticos.

El tribunal evitará que muchos casos tengan que llegar a los juzgados Contencioso Administrativos. Tendrá como función resolver los recursos especiales y aspectos de nulidad que se interpongan en los procedimientos de contratación de los diferentes organismos públicos dependientes de la Junta, incluidas las universidades, así como las entidades locales y sus entes vinculados. Además, las Cortes de Castilla y León, el Procurador del Común y el Consejo de Cuentas podrán enviar también sus recursos al nuevo Tribunal, así como las solicitudes de adopción de medidas provisionales y aspectos de nulidad en actos relacionados con contratos de obras, la concesión de obras públicas, suministros, servicios y colaboración entre el sector público y privado, además de los vinculados a sectores como el agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

En el mencionado tribunal se podrán impugnar los anuncios de licitación, los pliegos de condiciones, actos de trámite, exclusión de licitadores, declaración de licitaciones desiertas, ofertas descartadas y adjudicaciones realizadas sin procedimiento formal.