La treintena de zamoranos que se inscribió en la lista de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en Pinilla y San Frontis afronta pérdidas de «entre 3.000 y 12.000 euros» cada uno, según confirma el grupo municipal de Izquierda Unida. Después de que el Ayuntamiento haya subrogado a San Gregorio el proyecto y las parcelas a consecuencia del concurso de acreedores de Covical, impulsora de la iniciativa, las personas que han adelantado dinero «lo han perdido y, al parecer, ahora la nueva empresa se desentiende de los contratos privados realizados». Ante esta situación, IU exige al Ayuntamiento que «se paralice la gestión hasta garantizar la protección total de los particulares» y propone que sea el Ayuntamiento «el que gestione esas listas para incorporar a esas personas afectadas», plantea el portavoz del grupo, Francisco Guarido. A su vez, el edil culpa al concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández, y a la alcaldesa, Rosa Valdeón, de «dejar a estos ciudadanos en la estacada».

La coalición pondrá sobre la mesa esta petición durante la comisión de Urbanismo que se celebra mañana, donde abordará también una pequeña expropiación de apenas cinco metros cuadrados por valor de 300 euros. Este espacio «rompe una acera y dificulta la accesibilidad», recuerda Guarido.

La sesión de mañana servirá también para instar al Ayuntamiento a recuperar la parcela vendida en Benedictinas para la construcción de una residencia de ancianos «por incumplir el contrato, ya que cuatro años después no se ha hecho nada». Una situación idéntica al proceso de reversión llevado a cabo con las parcelas de Proinsa, en Cardenal Cisneros.

En la misma línea y después de la sentencia que fallaba en contra de los vecinos de la avenida de la Feria que solicitaban la expropiación forzada, IU exige al Ayuntamiento que presente un plan de expropiación de todas las casas de la avenida adosadas a la muralla «en el plazo de un año».

Guarido solicita también la retirada de la ordenanza de limpiezas para elaborar una nueva «en la línea de lo propuesto por el técnico de la Oficina de Tramitación de Denuncias». En este sentido, Guarido recuerda que «se admiten todas las alegaciones de la CNT», lo que implica «la retirada de artículos por establecer doble imposición de sanción con respecto a otras ordenanzas».

La comisión servirá también para abordar la retirada del «ilegal muro construido en el punto limpio», que se construyó «sin licencia y en el expediente sancionador abierto quedó meridianamente claro que, además, se construyó sobre dominio público». Aunque un decreto municipal imponía la restauración de la legalidad, medio año después «no se ha abierto el expediente para tomar esa medida», insiste Guarido, quien subraya que a día de hoy «todavía se están legalizando las expropiaciones que se hicieron para la construcción del punto limpio y los accesos de la rotonda».

Una vez más, IU exigirá explicaciones a los populares sobre «la modificación del Plan Especial del Casco Histórico para legalizar la elevación de la cota de la parte posterior del Ramos Carrión», una transformación que, a juicio de Guarido, es «a la carta». En este sentido, recuerda que existe una sentencia «que obliga a un retranqueo de la zona de taquillas en la calle Ramos Carrión que, además, se mete 50 centímetros en la vía pública».