Dos empresas pertenecientes al accionista mayoritario de Pevafersa, Vicente Fernández, figuran ente los siete beneficiarios mayoritarios de las ayudas en materia de energía solar térmica, fotovoltaica y mixtas convocadas por la Junta de Castilla y León hace casi un año. Promociones Toresanas Fernández y Teiner, junto a otras cinco firmas, recibieron cerca de 460.000 euros mediante el sistema de tramitación telemática empleado excepcionalmente en la concesión de estas subvenciones en enero de 2011.

Un método «discriminatorio que canalizó la mayor parte de los fondos a unas cuantas empresas mientras que el resto se quedó sin la posibilidad de acceder a ellas», según denunció ayer el portavoz del grupo municipal del PSOE y ex procurador, Manuel Fuentes. En concreto, sólo 18 empresas lograron validar sus solicitudes de subvención a través del sistema telemático que se habilitó a las 0.00 horas del 25 de enero de 2011, y dejó de funcionar a partir de las 9.30 horas. Sin embargo, el presidente de la Asociación para el Desarrollo Eólico y Solar (ADES), Manuel Puga, asegura que «desde las 13.39 horas del 25 de enero hasta el 11 de febrero un grupo minoritario de 18 empresas logra acceder al sistema de tramitación telemático y solicitar 48 subvenciones, de las que se conceden 36 por valor de 539.464 euros». Este sistema dejó sin fondos a 231 empresas y particulares que no pudieron acceder a ninguna subvención, según la documentación facilitada por el propio Ente Regional de la Energía (EREN) al procurador del grupo parlamentario socialista por Valladolid, Jorge Félix Alonso. Según sostiene, «los datos de los que disponemos demuestran un conjunto de irregularidades que el consejero de Industria, Tomás Villanueva, tendrá que explicar y para lo que pediremos su comparecencia en las Cortes». Por ello, según anuncia, su grupo presentará una proposición no de ley para corregir las futuras convocatorias de estas subvenciones. Entre otros aspectos, esta propuesta incluirá la petición de hacer público el listado de beneficiarios y las cuantías percibidas por cada uno de ellos, así como la limitación de las cuantías a conceder para evitar importes desproporcionados. Además, el grupo parlamentario del PSOE reclamará que estas subvenciones prioricen que su concesión no se produzca por orden de entrada de las solicitudes sino por otros criterios, como la imposibilidad de llevar suministro eléctrico a determinadas zonas. En todo caso, la Junta de Castilla y León no ha vuelto a utilizar el mismo sistema telemático en la convocatoria de este año, en la que también se ha reducido a 60.000 euros el importe máximo de concesión por cada solicitud, en lugar de los 200.000 establecidos en las ayudas de enero de 2011. Los fondos totales también han descendido significativamente, desde los cerca de dos millones de euros del año pasado a los 868.000 euros de este ejercicio. Una cuantía que, según el presidente de ADES, «reduce considerablemente el margen de maniobra de las empresas y la posibilidad de recibir el dinero suficiente».

Tras la polémica suscitada en la convocatoria de enero de 2011, la Junta volvió a abrir un nuevo periodo de recepción de solicitudes desde el 1 de marzo en el que 78 empresas pudieron pedir otras 308 subvenciones por importe de 421.000 euros.

Estos fondos proceden del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que se canalizan a través del Gobierno de España, quien deriva mediante convenios los fondos a las comunidades autónomas, que reciben un 70 por ciento del Gobierno de España, aportando el 30 por ciento restante. Dichas ayudas se orientan a la energía solar térmica y fotovoltaica no conectada a la red, es decir, no destinada a la venta a suministradores de fluido eléctrico, sino para abastecimiento propio.

El Procurador del Común certificó estas posibles irregularidades en la línea de subvenciones tras la queja presentada por la Asociación para el Desarrollo Eólico y Solar (ADES).