B. BLANCO GARCÍA
David Ortega Gutiérrez defiende junto a su partido, Unión Progreso y Democracia, la necesidad de una reforma profunda de la ley electoral para poder avanzar en democracia en España y dar voz a las nuevas voces políticas.
-¿Qué es lo mejor que ha aportado la Constitución de 1978 a España?
-Sobre todo, ha permitido treinta años de paz, progreso y convivencia de los españoles como nunca antes se había conseguido. En dos siglos de historia constitucional ninguna ha funcionado tan bien como la del 78, y eso es lo primero que hay que destacar. Ahora lo que hay que hacer es recuperar los valores de la transición y los valores de tender puentes, porque la clave de la constitución ha sido el consenso y estamos viviendo momentos de demasiadas tensiones. Desde mi partido, UPyD, creemos que esto es muy importante, además del respeto a los valores de la Constitución.
-¿A qué valores se refiere?
-Por ejemplo al Tribunal Constitucional porque el PSOE y el PP, en estos últimos años, ha deteriorado y castigado mucho su imagen y a los propios magistrados. Respecto al Consejo General del Poder Judicial, que es la cúpula del poder judicial en el país, los partidos mayoritarios lo han estado maltratado desde 1985, cuando modificaron su ley orgánica. Creemos que tiene que ser una figura más despolitizada, algo parecido al Defensor del Pueblo.
-Una de las reformas que se pide desde su partido es la de la ley electoral.
-Se ha visto que se necesita con el resultado de las elecciones del 20 de noviembre. No es normal que Amaiur, con 330.000 votos, tenga siete escaños y UPyD, con más de un millón, tenga cinco. Tenemos un sistema electoral que sobre la letra dice que es proporcional, pero luego tiene unos claros efectos muy desproporcionados y desigualitarios. Es una reforma que ya clama todo el mundo, que el ciudadano conoce y ve que hay unas graves injusticias. Nosotros abogamos por que se respete el informe del Consejo de Estado del 26 de febrero de 2009, que pedía aumentar el número de diputados hasta los 400, la representación mínima inicial por provincias reducirla de dos a uno y buscar una fórmula electoral más proporcional. Esto dotaría de mayor proporcionalidad al sistema, se iguala más el resultado de las elecciones y no se castiga a los partidos de ámbito nacional, en este último caso, a Izquierda Unida y UPyD.
-¿Cuál sería la consecuencia principal de este cambio?
-Acabar con la partidocracia de la vida política española. Al final el PP y el PSOE lo quieren controlar todo, desde el Tribunal Constitucional hasta las cajas de ahorros. Se ha convertido en una democracia cerrada donde no han nacido nuevos partidos políticos. Es muy difícil que entre otra fuerza política, hay muchas barreras y dificultades.
-¿Y no significaría deteriorar el espíritu de la Constitución?
-Para nada. En su día quizá, durante la transición, pudo tener sentido que fueran poco los partidos políticos protagonistas, para evitar una dispersión que hiciera imposible la transición. Pero hoy está consolidada y el pueblo español quiere un sistema más igualitario.
-¿Por qué cree que este debate también está en la calle desde hace unos meses?
-El ciudadano no es tonto y es bueno que se entere. Ha servido mucho el movimiento del 15-M, las revueltas estudiantiles o los jóvenes que están cansados del bipartidismo, que no deja de ser la cara de una misma moneda. Están cansados de cierto estilo político y quieren que a la vida pública española acceda otro nuevo tipo de político y de concepción de la política. Eso significa que la sociedad ha madurado.
-¿Considera que se necesita alguna otra medida urgente de cambio?
-La reorganización territorial del Estado, porque, tal y como está hoy, no se sostiene. Pedimos recuperar ciertas competencias para la administración general del Estado, como son Educación, Sanidad y Justicia, los tres pilares de un estado social y democrático de derecho.
-¿Sería positivo además en estos tiempos de crisis?
-El pasado año presentamos un estudio donde aportamos que si se evitaran estas duplicidades nos podríamos ahorrar 26.000 millones de euros. Hay 17 institutos meteorológicos, consejos consultivos, cámaras de cuentas o consejos económicos y sociales, cuando no podemos pagarlos, como se nos está diciendo desde Europa.
-¿Cómo valora su reciente llegada a la política?
-Llevo cinco meses, pero entré porque creo que hay que hacer algo y no mirar hacia otro lado. Ha sido un paso duro, pero es que se necesita hacer algo más que quejarse.
Madrid, 1966
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, es también doctor en Ciencias Políticas y tiene un máster en Filosofía por la Universidad Francisco de Vitoria, además de ser diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política. Trabaja como profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos y ha sido colaborador de diversos periódicos de tirada nacional, como ABC o La Gaceta de los Negocios y ha trabajado como juez en Torrejón de Ardoz y Collado Villalba. Es miembro del consejo de dirección del partido Unión Progreso y Democracia y, desde mayo de este año, concejal de Madrid por este partido junto a otros cuatro compañeros.
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