La «ilegalidad del proyecto» presentado por la empresa UFC para construir el nuevo edificio municipal y su insistencia en «no modificarlo para ajustarlo a la Ley», tal y como se le requiere «en tres ocasiones» desde la Comisión de Patrimonio y desde el propio Ayuntamiento de Zamora ha impedido a la institución local cumplir el contrato de alquiler y otorgar la licencia de obras. «Quien primero incumple es la empresa», sostiene el concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández, «que no ha hecho los deberes, obligada como está por el acuerdo a hacer el proyecto según la legalidad, y el documento no obtiene el visto bueno de Patrimonio en tres ocasiones».

Es más, «el Ayuntamiento seguirá negando la licencia hasta que se ajuste a la legalidad y hasta que UFC no cumpla este requisito no se podrá decir que le hemos puesto trabas» para desarrollar la obra prevista, apostilla el responsable de Urbanismo.

Con estos argumentos Feliciano Fernández califica de «injusta la sentencia que sólo obliga a cumplir a la institución local y la empresa no», mientras rechazaba los fundamentos de la condena en vía civil del Juzgado número 3 que conmina al Consistorio no sólo a cumplir el contrato, sino a agilizar la concesión del permiso de obras y a abonar 32.977 euros por cada mensualidad de demora en la aprobación del proyecto técnico. Un pago que recurrirá porque «se exige cuando la empresa no está cumpliendo el contrato al no legalizar el proyecto», reitera Fernández.

Requisito este último esencial para desenmarañar el asunto e incluso para poder ejecutar el fallo civil, que el equipo de Gobierno de Rosa Valdeón confía en que sea anulado por la Audiencia Provincial, instancia ante la que será recurrido en base a las tesis expuestas y la existencia de la sentencia del Juzgado Contencioso, pendiente de confirmar por el Tribunal Superior de Justicia, que anula el contrato por su lesividad para los intereses económicos de la institución.

El recurso ante la Audiencia incidirá también en que la juez «no ha entrado suficientemente al fondo de lo que es una licencia de obra, que es un acto reglado, es decir, sujeto a las normas y no es un acto político». A partir de ahí el titular de Urbanismo contradice la sentencia en el sentido de que «no pueden decirnos que la concesión del permiso depende sólo de mí, la empresa tiene que lograr antes que Patrimonio admita el proyecto, cuyo informe es vinculante para el Ayuntamiento». En 2007 tiene lugar la primera comunicación de esas ilegalidades a la adjudicataria de la construcción de un nuevo edificio y se hace desde ambas instancias, sin que UFC adecúe el documento que presenta posteriormente a las exigencias de Patrimonio. Y todavía hoy no lo ha hecho. El responsable de Urbanismo niega, por tanto, que el Ayuntamiento haya dilatado la aprobación del mencionado documento y, en base a ello, «decir que no hemos actuado en dos años es una táctica que usa la empresa, esta situación se produce porque no nos presenta el proyecto modificado como exige Patrimonio, se produce porque el que nos llega es ilegal. No existe un retraso por parte del Ayuntamiento en la tramitación del mismo», reitera Fernández.

Por esa misma razón, estima que «no procede que se nos condene al pago de las costas del juicio porque no se ha bloqueado el proyecto». El equipo de Gobierno del PP llegará hasta donde sea necesario, advirtió el edil, «porque tenemos claro que defendemos los intereses generales de los ciudadanos y hay una sentencia que nos ha dado la razón». No hay posibilidades de emprender negociaciones de ningún tipo con la empresa, «el Ayuntamiento tiene que estar con los intereses generales y legítimos, que van en contra de la empresa» UFC, «por eso vamos a presentar el recurso» de la sentencia civil ante la Audiencia Provincial.