La Fiscalía mantiene abiertas sólo dos investigaciones sobre posibles casos de niños robados al nacer en el Hospital Virgen de la Concha, tras decidir el archivo de las otras cuatro denuncias más, por carecer de pruebas o pistas que puedan ayudar a esclarecer si podrían tener alguna base las sospechas de los padres de los recién nacidos, quienes creen que el personal sanitario pudo simular la muerte de sus hijos para darlos o venderlos en adopción.

En concreto, las causas cerradas son las relativas a la posible sustracción de dos hermanas mellizas nacidas en su domicilio en octubre de 1966 y trasladadas de inmediato al "Clínico"; de otra melliza de julio de 1962; un mellizo de 1963; y una niña que fue alumbrada en 1955 en la ya desaparecida Clínica del Perpetuo Socorro (ubicada en la avenida de La Feria), según ha podido saber este diario de fuentes próximas a la investigación.

En los escritos remitidos a las familias cuyas denuncias se han cerrado, el Ministerio Fiscal justifica la decisión por «la inexistencia de fundamentos y la falta de pruebas que avalen el delito» del que se sospecha fueron objeto sus hijos.

El tiempo transcurrido desde que nacieron los niños, entre 56 y 45 años, ha constituido uno de los principales hándicaps para recabar la información y los datos suficientes como para poder contrastar si los indicios que apuntaban los padres podrían cimentarse y desvelar la comisión de alguna infracción penal por parte de los médicos que atendieron el parto y el resto de personal sanitario y monjas que pudieron atender a los neonatos en las primeras horas de vida, antes del óbito.

En cuanto a los otros dos casos por resolver desde la Fiscalía, las familias están a la espera de que se finalice el análisis minucioso de la documentación reclamada y ya facilitada por el Virgen de la Concha sobre los embarazos y los partos; así como la información que se desprende de los testimonios de padres y de las personas que pudieran tener alguna relación con los hechos denunciados en lo que se refiere al supuesto robo de dos niños. El fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Rafael de Vega Irañeta, encargado personalmente de efectuar las diligencias de estas causas, está volcado en las causas sobre un niño nacido en 1957 y otro en 1967, cuyas familias creen que les fueron arrebatados al poco de nacer para darlos en adopción. A estos asuntos se añade el que tramita un juzgado de la capital, al que acudieron los padres de otro bebé que buscan a su hijo, ante la posibilidad de que les fuera arrebatado a las pocas horas del parto que transcurrió en el Hospital zamorano.

A pesar de que las denuncias y los relatos de las familias afectadas por el posible robo de sus niños coincidían en lo esencial, lo cierto es que en los casos archivados ha resultado imposible ir más allá en el encaje de piezas que podrían confirmar las meras sospechas y dar absoluta credibilidad a las historias contadas por madres, padres y familiares de los bebés supuestamente robados.

Las similitudes son muchas: La mayoría de los pequeños sobre cuyo fallecimiento se duda nació en el Hospital Virgen de la Concha (antaño el Ramiro Ledesma) y lo hizo sin complicaciones, o al menos nadie informó al respecto a sus progenitores; todos presentaban un aspecto sano tras el parto e incluso alguno de los bebés vivió sin problemas de salud de uno a tres días. Sus madres les describen como niños sanos, con vitalidad. Se sorprendieron ante la noticia de su fallecimiento.

En buena parte de estos casos, las fechas de nacimiento y defunción no coinciden cronológicamente con las reales y en algunos de esos certificados aparece la firma del mismo jefe de ginecología que da fe del nacimiento y muerte en el parto, aunque se ha comprobado que no fue así. Algunas dicen que no fueron asistidas por tal médico en el alumbramiento y que, en todo caso, su hijo nació vivo y no muerto como se hace constar en el documento. La muerte de este facultativo y de las monjas que comunicaron los óbitos de los niños impiden contrastar los datos. En las denuncias se indica que el Hospital se hizo cargo de los entierros, que no figuran en el registro del cementerio.