La unidad provincial del Fondo de Garantía Salarial ha atendido a 350 trabajadores zamoranos hasta el pasado mes de julio, según un estudio elaborado por CC OO. El sindicato denuncia la sobrecarga de trabajo que afrontan los trabajadores dependientes de este organismo, que en la provincia sólo cuenta con una plantilla de tres empleados.

A pesar de esta escasez de personal, Zamora no sufre el colapso de expedientes que sufren otras provincias españolas, en las que se acumula un retraso de hasta el 50% en la tramitación de solicitudes como consecuencia de la falta de personal. Comisiones Obreras asegura que la situación en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) es «insostenible» ya que sólo cuenta con una plantilla de 400 personas en toda España para intentar dar salida a más de 100.000 juicios y más de 170.000 expedientes que afectan a un cuarto de millón de trabajadores de 70.000 empresas, lo que ha provocado que en estos momentos haya 70.000 expedientes pendientes de resolver. En el caso de Castilla y León, fuentes de CC OO informaron en una nota de prensa de que hay 760 cuestiones pendientes en las nueve unidades provinciales del Fogasa, de las que 350 corresponden a la de Burgos, lo que supone que más de un tercio del total de expedientes registrados hasta el mes de julio (1.030) van con retraso; 280 a Salamanca, más de una cuarta parte de los expedientes (1.000); 80 a León, con un 5 por ciento de retrasos, y 50 a Segovia, un 11,11 del total.

En el conjunto nacional, en más de la mitad de las provincias se acumula un retraso muy elevado, de más del 25%, lo que significa que uno de cada cuatro expedientes se encuentra a la espera de contestación. En otras doce provincias la acumulación de trabajo supera el 50%, con uno de cada dos expedientes por resolver, lo que supone el colapso casi absoluto en la capacidad de gestión de estas oficinas. En estos casos, los retrasos en el reconocimiento de los derechos superan los seis meses. Según CC OO, el organismo acumula un retraso del 54,10% en términos generales, es decir, que más la mitad del trabajo que ha entrado en lo que va de año se encuentra pendiente de tramitación.

El colapso se agrava en las poblaciones de mayor tamaño. En concreto, el sindicato señala que las 24 capitales españolas más grandes sufren una situación «calamitosa ya que su maquinaria administrativa se ha atascado completamente». CC OO considera que las medidas aprobadas en la última reforma laboral, que fijó tareas adicionales para el Fogasa en el caso del abono de parte de la indemnización por despido tras descartarse de momento la viabilidad del fondo de capitalización, deberían haber contemplado los medios necesarios para que este organismo pudiese responder de manera adecuada al volumen y complejidad de la tarea que debe realizar, lo que no se ha hecho. Por ello, el sindicato exigió la convocatoria del foro de negociación para buscar soluciones a este problema.