El Ministerio de Industria devolverá más de dos millones de euros en primas solares a una veintena de inversores de la provincia. El Real Decreto 1005 de 5 de agosto del año pasado puso en tela de juicio la legalidad de las instalaciones fotovoltaicas ejecutadas antes del 30 de septiembre de 2008 y determinó la suspensión cautelar de las ayudas cobradas por las plantas que no cumplían con los requisitos de funcionamiento.
Sin embargo, la investigación iniciada para demostrar estas supuestas irregularidades ha concluido que la mayor parte de los inversores estudiados están en regla por lo que se ha ordenado la devolución de las primas retenidas en el último año.
Esta decisión en algunos casos llegará tarde, según advierte el coordinador provincial de la Asociación Nacional de Productores e inversores de Energías Renovables (Anper), Manuel Puga. Según explica, la supresión de estas ayudas afectó a instalaciones de gran tamaño, de una potencia de 100 de kilovatios y una inversión inicial cercana a los 730.000 euros. Una elevada cuantía que ha hecho recurrir a créditos bancarios a la mayor parte de los propietarios, en algunos casos familias que destinaron todos sus ahorros en un sector promocionado por el Gobierno como una apuesta de futuro.
De hecho, el largo periodo de amortización de las elevadas inversiones destinadas a la puesta en marcha estas faraónicas instalaciones, de un mínimo de nueve años, depende en gran medida del cobro de las primas estatales, que asciende a entre 100.000 y 120.000 euros al año en las grandes plantas. La suspensión cautelar de las mismas sufrida por la veintena de veintena de inversores zamoranos afectados ha puesto en series dificultades para pagar los créditos bancarios solicitados, lo que ha llevado a un embargo de las instalaciones e incluso del patrimonio personal en los casos en los que también se encontraba comprometido.
A esta supresión de primas se ha sumado un descenso de las mismas como consecuencia de la nueva regulación del sector fotovoltaico, que obliga a los inversores a recortar un 30% la producción de sus plantas solares. Con la normativa el precio por kilovatio disminuye desde los 47 a los ocho céntimos lo que puede llevar a la paralización de plantas a partir del próximo mes de septiembre por falta de rentabilidad.
El coordinador provincial de Anper, Manuel Puga, considera que el Gobierno ha frustrado las expectativas de los particulares que confiaron en los incentivos a la inversión en el sector fotovoltaico ofrecidas en el año 2006. Además considera que han sido víctimas de una campaña de difamación «porque han tenido que presentar facturas de todo tipo y certificaciones para demostrar su inocencia».
