Los 600 pequeños inversores zamoranos de energía fotovoltaica afectados por el nuevo decreto estatal que les obliga a recortar su producción un 30% estudian la presentación de una reclamación patrimonial de daños al Estado. La Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anper) celebró ayer una asamblea en la capital en la que animó a los productores de la provincia a interponer este recurso, que plantea la derogación del real decreto ley 14/2010 y la compensación de las graves pérdidas económicas que conlleva.

El recorte de ingresos que impone la nueva normativa obligará a los productores zamoranos a paralizar sus instalaciones a partir del mes de septiembre, según anuncia el coordinador provincial de Anper, Manuel Puga. Según explica, «Iberdrola va a reducir el pago del kilovatio de 47 a cuatro céntimos y para que resultara rentable tener las instalaciones en funcionamiento se tendría que cobrar como mínimo a doce céntimos». Una disminución que, según advierte, sitúa en una difícil situación económica a gran parte de los 600 zamoranos que han realizado una inversión media de entre 70.000 y 700.000 euros en este tipo de instalaciones con conexión a red para la venta de energía. «Hay personas que han invertido todos sus ahorros y que incluso habían pedido créditos al banco con lo que ahora en lugar de ingresos van a sufrir pérdidas que en algunos casos van a ser difíciles de asumir», precisa Puga. Según detalla, la mayor parte de los pequeños inversores de la provincia disponen de instalaciones de pequeño tamaño de una potencia inferior a los 200 kilovatios. La única vía a su disposición para obtener el derecho a recibir compensaciones por las pérdidas económicas originadas a través del decreto es presentar la reclamación patrimonial por daños.

No es el único conflicto abierto en el sector de la energía fotovoltaica. Los instaladores de la provincia que se vieron afectados por los problemas que surgieron en la concesión de ayudas tramitadas por la Junta de Castilla y León el pasado mes de diciembre han recibido la respuesta del Procurador del Común sobre las quejas presentadas. En su resolución, este órgano insta a la institución regional a permitir en próximas convocatorias de subvenciones la presentación de solicitudes tanto por vía telemática como presencial para evitar los inconvenientes de un posible bloqueo del sistema. Para minimizar esta posibilidad el Procurador también plantea una corrección técnica del mismo.