La mandadera de las monjas Concepcionistas, Pilar Fernández Llamas, ha sido declarada en rebeldía procesal por no acudir al juicio de desahucio celebrado por el impago de una renta que justifique el disfrute de una vivienda propiedad del Obispado, aneja al antiguo convento de la calle de la Rúa de los Notarios, donde ha vivido durante 41 años. El letrado de la Diócesis ofreció dos razones para exigir el desalojo de esta mujer de 73 años: «Carece de un contrato o acuerdo que recoja el derecho a uso de la casa, ni de un arrendamiento que le permita transmitir ese inmueble; y además, no paga al Obispado renta o merced (cantidad de dinero por utilizarlo)».

El letrado, que incidió en que «lleva dos años y medio viviendo en precario», desde que la Diócesis asumió la titularidad de la vivienda, se refirió a la jurisprudencia existente para indicar que el hecho de que pague luz y agua no equivale al abono de una renta, como ella sostiene. Recordó que «fue esta señora la que denunció al Obispado, esta es la segunda vez» que se trata de desahuciarla. Pilar Fernández logró paralizar el primer procedimiento en enero de 2009 porque «presentó una demanda el mismo día del juicio diciendo que era la dueña de la casa, por posesión pública e ininterrumpida, ya que ha vivido en ella desde hace mas de 30 años. Una sentencia dice que es falso y que estaba en precario y no como dueña».

El representante legal de la Diócesis asegura que se ha tratado de solucionar el conflicto a través de negociaciones en las que se le ha ofrecido, «sin obligación legal, ir a una residencia de ancianos, no quiso; un piso en la calle de El Riego, adaptado a sus medios económicos y tampoco accedió. Ella pretendía un piso en propiedad y el Obispado se negó. Un abogado de Salamanca pretendió chantajear para retirar el pleito, pedía una cantidad de dinero, a lo que el Obispado no accedió». La última oferta fue el arrendamiento de un cuarto piso sin ascensor por 150 euros al mes, en la calle de Diego de Losada, en el número 18, propiedad de la Diócesis y con el que tampoco estuvo de acuerdo. Su ausencia en el juicio podría llevar a la magistrada a dictar una sentencia favorable a la Iglesia, que ejecutará el desahucio en mayo.