La adaptación a la nueva ley de protección de datos es una asignatura pendiente para las empresas zamoranas, ya que sólo el 10% de ellas se ha adaptado a la nueva normativa. Su aplicación se dirige a al tratamiento de los datos personales, tanto de los clientes y trabajadores como de los proveedores de un negocio, y su incumplimiento puede conllevar sanciones de entre 600 y 600.000 euros.

La presidenta de la Asociación Zamorana de Mujeres Empresarias (AZME), Ruth Ruiz, firmó ayer un convenio de colaboración con Santiago Nieto, el gerente de Progesdatos, una de las empresas zamoranas especializas en la protección y gestión de datos. El objetivo de este acuerdo es poner al alcance de las empresarias zamoranas un servicio especializado de adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos, que entró en vigor en 1999. Su escasa aplicación en la provincia se debe «al profundo desconocimiento de la legislación y de las medidas de seguridad informática exigidas», según explica Santiago Nieto. La carencia de los requisitos de seguridad interna establecidos en la nueva normativa impide a las empresas denunciar un posible robo de sus bases de datos, con lo que tendrían que afrontar una elevada sanción económica.