Los responsables políticos de la provincia que cuentan con representación en Caja España-Caja Duero rechazan un hipotético proceso de nacionalización. Una posibilidad anunciada por el Gobierno al establecer un nuevo umbral de solvencia que en la actualidad no alcanza la nueva entidad regional.

El nuevo requisito pide un capital mínimo del 8% de los activos, dos puntos por encima del registrado por las dos cajas tras culminar su reciente proceso de fusión. Para el presidente de la Diputación Provincial, Fernando Martínez Maíllo, miembro del consejo de la administración de Caja España-Caja Duero, la medida supone «modificar las reglas del juego cuando el partido se encuentra a la mitad». Según recuerda, la unificación de ambas entidades se realizó siguiendo las directrices del Banco de España «y si ahora se establecen nuevos parámetros los tenían que haber comunicado desde un principio».

En todo caso, Maíllo, el único representante político de la provincia que ejerce el cargo de consejero dentro de la nueva caja regional, muestra su confianza en que «los directivos serán capaces de aplicar las soluciones oportunas para alcanzar los nuevos niveles de solvencia». También destaca el importante papel que desempeñan las cajas en apoyo a la financiación autonómica. «Son entidades radicadas en Castilla y León que siempre han mostrado un compromiso especial con su tierra para sacar adelante proyectos de inversión presentados por las empresas de la región», según resalta. Un respaldo que desaparecería en caso de que estas entidades pasarán a depender de la administración estatal.

Un extremo que descarta el secretario provincial del PSOE, Carlos Hernández, miembro de la comisión de control de la nueva caja regional. A su juicio, la posible nacionalización «es positiva para las cajas que no sean rentables» pero se muestra seguro de que este no será el caso de Caja España-Caja Duero, «mucho más rentable y fuerte tras culminar su proceso de fusión».

El portavoz municipal de Izquierda Unida, Francisco Guarido, integrante de la asamblea de ambas cajas, es el único representante político de la provincia que se muestra partidario del posible proceso de nacionalización «pero definitivo y no transitorio». En su opinión, «esta posible nacionalización en realidad esconde un proceso de privatización para convertir a las cajas de ahorro en bancos privados». Un punto de vista que comparte el líder de Adeiza, Miguel Ángel Mateos, también integrante de la asamblea de la caja regional quien considera que «bancalizar las cajas no resuelve el problema y no devuelve a las cajas las funciones para las que inicialmente fueron fundadas».

El proceso de nacionalización de las cajas de ahorro supondría una transformación total de su estructura. Entre los cambios más preocupantes se encuentra la posible desaparición de las obras sociales tradicionalmente asociadas a estas entidades, «una de las señas de identidad de la fundación de las cajas de ahorro», según destaca el líder de Adeiza, Miguel Ángel Mateos. Desde una perspectiva histórica, recuerda que «las cajas de ahorro fueron creadas para dar cabida a la población más pobre, en especial a los agricultores sin capacidad para sembrar sus tierras». Además, resalta la importante labor prestada por la obra social para fomentar la vida cultural.