Primer paso para resolver un conflicto que nació en noviembre del pasado año. El diputado de Personal en la Diputación, José María Barrios, y los funcionarios acordaron ayer que sea un mediador quien emita un informe jurídico sobre la legalidad de aplicar la subida de sueldos pactada hace dos años. Se trata de la tercera y última actualización salarial acordada en 2008, aunque la Ley de Presupuestos prohíbe la elevar los sueldos en 2011 como una medida más para la reducción del déficit público.
Las cuatro horas de reunión entre las dos partes zanjaron el acuerdo, aunque ahora viene la segunda parte: decidir quién emitirá el citado informe. «No creo que sea difícil tomar esa decisión, ya que de las conversaciones que hemos tenido ya han salido candidatos en los que estaríamos de acuerdo ambas partes», explicó el diputado Barrios, quien se reservó la identidad de esos posibles mediadores.
Las reuniones continuarán durante la semana para zanjar esta cuestión. En nombre de la Diputación, José María Barrios ha adelantado que la institución «se someterá a lo que diga el informe, tanto si es favorable como si es contrario a nuestra interpretación». El vicepresidente también precisó que «mientras estemos negociando, las movilizaciones pararán».
Sobre este extremo, la junta de personal de la Diputación admite que las protestas que protagonizan frente al edificio de la Encarnación cesarán, aunque «vamos a iniciar los trámites para constituirnos como agrupación de electores, porque más adelante no nos daría tiempo», indicó su responsable, Jesús Sandín. Hay que recordar que esta iniciativa estaba comprendida entre los actos de protesta, con la finalidad de «restar» votos al presidente de la Diputación, Fernando Martínez Maíllo. «Si llegamos a un acuerdo, renunciaremos a esta alternativa», añade Sandín.
Con respecto a la naturaleza e identidad de la persona que emita el informe, la junta tampoco cree que haya demasiados problemas. Eso sí, si el informe es negativo, Sandín ha anunciado que continuarán trabajando para buscar una solución alternativa y poder, de esta manera, beneficiarse de la última de las actualizaciones salariales pactadas hace dos años. Dichas subidas fueron convenidas tras comprobar que los sueldos de los funcionarios provinciales estaban muy por debajo de los de otras administraciones locales.
Cronología
Pleno de noviembre
Tras conocer a través del área de Personal de la Diputación que los responsables políticos aplicarían los acuerdos reflejados en la Ley de Presupuestos en 2011 -que anulan las subidas-, los funcionarios se presentan en el pleno de noviembre para hacer público su malestar y exigir una rectificación.
Antes de diciembre
Desde entonces, cada mediodía, varios trabajadores de la institución protagonizan una protesta en la que exhiben carteles de rechazo a la decisión de Martínez Maíllo y entonan diversas canciones para mostrar su descontento. Piden adelantar la última parte de las subidas pactadas antes del 31 de diciembre para sortear la prohibición gubernamental.
Agrupación de electores
Superado el año 2010 y visto que la Diputación mantiene su decisión de respetar la ley estatal, los trabajadores anuncian una original medida de presión: la constitución en agrupación de electores en la circunscripción de la capital para «restar» votos al Partido Popular, color político de los responsables de la institución provincial.
Negociaciones
El pasado lunes, Diputación y junta de personal se sientan para hablar de una posible solución a lo que ya reconocen como «conflicto». El diputado de Personal, José María Barrios, propone la intervención de un mediador para decidir sobre la legalidad de la subida de sueldos. Ayer, el acuerdo en este sentido quedaba cerrado.
