Las quiebras de la promotora Via Tertia Valladolid, que adeuda 1,4 millones de euros, y de la cooperativa Covical, con un débito de 38.553 euros, tienen en vilo a los zamoranos que adelantaron entradas de entre 12.000 y 18.000 euros para adquirir un piso de protección oficial y se han visto «sin dinero, sin piso y con el temor a que algún día me llegue una reclamación económica por las cargas de la cooperativa de la que supuestamente soy socio», denuncia un perjudicado. El joven insiste en que «jamás firmé un contrato de alta, sólo suscribí un documento para solicitar una baja porque esa fue la condición que me puso Via Tertia para devolverle los 12.000 euros entregados y que nunca he recuperado», explica este zamorano que ha visto esfumarse su piso subvencionado por la Junta de Castilla y León.

El precio de la vivienda que tendrían que haberle entregado el año pasado, de unos 80 metros cuadrados, poco más de 101.760 euros, y las condiciones de pago, 3.000 euros como entrada y una cuota mensual de unos 300 euros al empezar la obra y hasta finalizarla, convencieron al joven que con un sueldo cercano a los 900 euros mensuales cuadro sus cuentas, explica. El ciudadano se considera estafado por la promotora Via Tertia.

La oferta del edificio de protección pública en el barrio de Pinilla, que debió empezar a construirse al inicio del año 2007 sobre parcelas adquiridas al Ayuntamiento de Zamora, parecía perfecta, este joven -que prefiere ocultar su identidad para no disgustar a su familia- hizo su reserva en abril y entrega los 3.000 euros a favor de Covical 2000, S.L., la encargada de construir.

Las irregularidades comienzan en ese primer documento que «no especifica el piso que compro. Me dicen que más adelante me darán un contrato». En marzo de 2008, la promotora le exige 4.000 euros para pagar los gastos por la retirada del proyecto del Colegio de Abogados; y tres meses después, 5.000 euros «para la licencia de obra, todo sin avales, me dicen para que no se pierdan». Dinero que consigue gracias a la ayuda familiar, a la que ya no puede acudir cuando un año más tarde, en julio de 2009, sin que hubieran comenzado obras, le comunican que «hay una nueva forma de pago: Tengo que dar 12.000 euros en el momento, cerca de 700 de cuota mensual y cuando terminen, 12.000 euros».

A esas alturas, «ya no tenía más dinero y les digo que no puedo pagar. Me responden que pida un crédito en un banco y me niego». Todavía esperaba el contrato que justificara la adquisición de un piso concreto, documento del que no dispondrá hasta agosto de 2009 «y porque me pongo cabezón», cuyo contenido «es abusivo, ya que tenía que hacerme cargo de cualquier modificación económica que pudiera surgir». Al negarse a firmar, Via Tertia condiciona la devolución del dinero a suscribir un documento «que acredita que me doy de baja de Covical, me dicen que en unos días me darán lo que he ido abonando». Hasta hoy.

Cuando acude a informarse al Ayuntamiento sobre la situación de la promoción, «me dicen que no tienen licencia de obra, que han consumido la prórroga porque no han realizado las reformas exigidas del proyecto. En la Junta le indicaron que «el plazo para la calificación de vivienda de protección oficial se ha agotado».