La vía del convenio frente a la alternativa del litigio por expropiación forzosa. Ésta es la fórmula que toma el equipo de Gobierno ante cualquier expropiación para evitar un proceso judicial en los tribunales con los propietarios y, en consecuencia, eludir el pago de intereses de demora, un concepto que durante los últimos años ha generado en el Ayuntamiento un gasto de 540.000 euros. El convenio supone «la vía más beneficiosa tanto para los titulares como para el Ayuntamiento ya que nosotros no estamos aquí para hacer negocio y no aceptamos que se especule al respecto», apunta el edil del área.

Tanto la cuantía correspondiente a los intereses de demora como el coste de las expropiaciones, que asciende a casi millón y medio de euros, corresponden a enajenaciones relativas a terrenos del cementerio, la terminal de transportes y algún inmueble de la avenida de La Feria. La totalidad del montante, en torno a dos millones de euros, ya han sido abonados por el Ayuntamiento durante el pasado ejercicio.

Ante esta situación, el edil del área expone que «hemos intentado siempre llegar a acuerdos acordes a los propietarios para evitar la sangría que a la larga producen las expropiaciones leoninas» si bien Fernández no pasa por alto que «durante este mandato hemos sufrido todo el peso del coste judicial que ha supuesto la resolución de esas expropiaciones que tienen su origen en una mala tramitación, consecuencia de no haber aceptado otras propuestas de los titulares». Fernández no tiene reparos en apuntar de manera directa como corresponsable al actual portavoz del grupo municipal socialista, Carlos Hernández, anterior jefe del servicio de Urbanismo en el Ayuntamiento, «encargado entonces de sacar adelante esa mala tramitación que nosotros hemos pagado en este mandato», critica el edil.

Mientras, el Ayuntamiento negocia la cesión del solar de la avenida de la Feria donde el pasado mes de mayo se derrumbó parte de una vivienda a consecuencia del mal estado de la infraestructura. Los propietarios han sido los que han asumido el coste de los trabajos de demolición del inmueble semiderruido, una actuación que se ejecuta durante las últimas semanas a través de la intervención de una máquina excavadora. Ese posible acuerdo aún en ciernes pondría a disposición de la institución municipal este terreno, que pasaría a ser de dominio público y permitiría ganar terreno a la hora de continuar el proceso de liberación de la muralla. Esta fórmula para despejar el cerco supone uno de los procedimientos más beneficiosos para agilizar el proceso de liberación de los paños ya que todavía restan por despejar 200 metros. El desplome tuvo lugar el 21 de mayo y se debió a las lluvias y a la falta de mantenimiento del inmueble, factores que provocaron el deterioro progresivo de la cubierta. El aspecto derrumbado del edificio se ha mantenido durante los últimos meses en los que la zona ha permanecido vallada para evitar las consecuencias de otro derrumbe.