El TSJ obliga a que el Ayuntamiento pague 285.000 euros al dueño de una casa en la muralla

El concejal de Urbanismo culpa al anterior letrado municipal, hoy portavoz del PSOE, de «no haber hecho los deberes»

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Edificio situado en el número 31 de la avenida de la Feria expropiada por orden judicial.  <br />
Edificio situado en el número 31 de la avenida de la Feria expropiada por orden judicial.
 Foto David Rodríguez

S. ARIZAGA El Ayuntamiento de Zamora ha tenido que desembolsar 285.000 euros por la expropiación de una casa adosada a la muralla de la capital, en la avenida de la Feria, número 31, después de que el propietario impulsara el acto ante el Jurado Provincial de Expropiaciones al no obtener una respuesta a la solicitud hecha a la institución. Ahora el Ayuntamiento debe aprobar el pago de las costas del Abogado del Estado, 14.894 euros; y del letrado del particular, 16.000 euros, como fija la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que echó abajo en 2008 el recurso de la Administración, informó el grupo de IU.


El concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández, ha recordado que el caso data «del año 2004, cuando el responsable de la Oficina de Urbanismo era Carlos Hernández», el actual portavoz del PSOE, quien «no hizo los deberes» cuando el ciudadano exigió que se le expropiara, como contempla el Plan del Casco Histórico para liberar la muralla.


Sin embargo, «no se escuchó» al dueño de la casa, «y ese expediente queda en una oficina sin que nadie le dé respuesta». El propietario, «ante esa inactividad, hace valer su derecho a ser expropiado» y acude al Jurado Provincial que le da la razón. El particular denuncia el caso en el Juzgado Contencioso de Zamora que falla a su favor, según el concejal del PP «por silencio administrativo». El Ayuntamiento recurre al TSJ y pierde el pleito.


El portavoz municipal de IU, Francisco Guarido, destacaba ayer la importancia de una sentencia que «puede sentar jurisprudencia y animar a otros propietarios» cuyos inmuebles estén en mal estado, y que serán tarde o temprano expropiados para liberar la muralla, «a reclamar la expropiación». El gasto «puede llevar a la ruina al Ayuntamiento», alertaba, mientras instaba al equipo de Gobierno del PP a aplicar el acuerdo de Pleno «impulsado por IU para propiciar acuerdos con promotores», al objeto de que éstos «compren las casas» para su demolición «a cambio de obtener edificabilidad» en otros solares. El concejal del área destacaba que «esa vía ha sido muy utilizada». Sorprendido por la postura de IU, «que siempre critica este tipo de acuerdos con promotores», Feliciano Fernández explicó que en estos momentos se está en negociaciones con el dueño de la casa adosada a la muralla que recientemente se derrumbó.


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