El Juzgado número 2 de los Social de Zamora ha condenado al Ayuntamiento a indemnizar a una ex trabajadora municipal del ámbito de la educación -desarrollaba su labor en programas de calle- tras haberla despedido a finales del pasado año. El equipo de Gobierno asume el pago de la compensación, pero se felicita porque la sentencia no ha determinado la nulidad del acuerdo que le vinculaba al Ayuntamiento, tal y como pedía la demandante.
El portavoz municipal, Francisco Javier González, ha explicado que la trabajadora estaba vinculada a un programa financiado por la Junta de Castilla y León ya finalizado, razón del despido. «Se trataba de personal laboral y carecíamos de fondos para poder prolongar el contrato de la trabajadora», advirtió González. «El Juzgado de los Social no ha visto nulidad en la vinculación del contrato, sino despido improcedente, algo que asumimos», ha añadido la Corporación local a través de su portavoz.
Pese a las explicaciones del Ayuntamiento, el grupo municipal de Izquierda Unida ha lanzado varias críticas a la actuación en este caso del propio equipo de Gobierno, ya que entiende que lo razonable hubiera sido asumir la indemnización y readmitir a la trabajadora. Según los cálculos de Francisco Guarido, en el primer caso de las arcas locales hubieran tenido que salir 14.000 euros, mientras que, de asumir la indemnización y despedir a la trabajadora de forma definitiva, «la factura podría estar cerca de los 20.000 euros».
En opinión del grupo de Guarido, el Ayuntamiento ha de readmitir a la educadora y no se ha de pagar tal compensación, al tiempo que piden «responsabilidades política», porque «ha perdido dinero por el pago de los salarios de tramitación por un despido». Además, Izquierda Unida piensa que «pagar indemnizaciones se queda para la empresa privada», ya que «si el trabajador no cumple con sus cometidos, el convenio regula la apertura de un expediente».
