SUSANA ARIZAGA
Creyó que con la separación podría sepultar los dieciséis años y medio de opresión vividos bajo la mano de su marido, siempre amenazante. Pero la sombra de su maltratador continúa alcanzándole: «La Seguridad Social me embarga las nóminas y la cuenta bancaria para cobrar las deudas que él contrajo cuando aún estábamos casados y eso me obliga a trabajar en la economía sumergida porque, si no al final trabajo para él». Desesperada, esta zamorana de 48 años, que tuvo que abandonar la capital hace siete, con su hija adolescente, para protegerse de su maltratador, se pregunta indignada «¿cómo es posible ésto cuando se sabe que está condenado por maltrato y se supone que a las víctimas se nos debe facilitar la posibilidad de rehacer nuestra vida?». Y se responde: «No es lógico», aunque haya un régimen de gananciales que está tratando de disolver después de «tres años esperando el divorcio». Desde noviembre «están tratando de comunicárselo pero no le pueden encontrar».
La última nómina que tuvo permaneció embargada «durante seis meses para pagar el Impuesto de Circulación» del coche de su ex marido. Y si contradictorio resulta este hecho, mucho más el que «se publiquen todos mis datos en boletines oficiales, con mi dirección incluida, en un piso de acogida, cuando se supone que nadie debe saber dónde resido para impedir que mi ex marido me encuentre» . El último requerimiento que le ha llegado es de una entidad bancaria, del año 1992, y «no sé siquiera si tenía cuenta allí, a mí me traía papeles cuando vivíamos juntos y yo firmaba sin saber qué». Sólo cuando estuvo trabajando con el Plan Dique para mujeres que han sufrido violencia de género su nómina estuvo a salvo de los embargos.
Esta víctima de violencia de género, que no pudo beneficiares inicialmente de la Ley específica aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, un año después de que su agresor le lesionara «gravemente en un ojo con un cinturón y ella le denunciara, exige que las leyes se revisen, «que se reformen de acuerdo con la situación de las personas afectadas» por este tipo de delitos; que se tomen medidas para que los débitos de los maltratadores no tengan que pagarlos sus víctimas. E insiste, «¿cómo es que tengo que pagarle a él cuando además me quedé en la calle y me tuve que ir de Zamora a una casa de acogida?». Sólo se llevó un poco de ropa para ella y su hija. «No he visto ni un duro tras separarme y hasta la última factura del tractor la pagamos cuando aún vivíamos juntos. Todo se lo quedó él». Ha mantenido a su hija con sus únicos ingresos porque el padre nunca había frente al pago de la pensión hasta hace poco. La joven, que ahora tiene 23 años, estudia con becas. Ambas viven en un piso tutelado «porque no puedo alquilar nada porque si cobro más de 800 euros, me embargan el sueldo». Logró una pensión del IMI, «de 440 euros, pero si tienes un empleo para complementar, te quitan esa ayuda. Eso fue lo que me pasó a mí y nadie me dijo que podía ocurrir; no nos informan bien». Esta zamorana no puede tener cuentas en ningún banco para evitar los embargos, mientras que su ex marido «ni tuvo pena de cárcel cuando me agredió», recalca.
La Nochevieja de 2003, cuando sufrió las graves heridas, todo parecía indicar que podría iniciar una nueva vida junto a su hija, alejada de su maltratador. Su «carta de libertad» llegó sólo cuando tuvo en su poder un parte de lesiones. Esta vez no amagó, su ex marido cumplió. La mujer zamorana tuvo que esperar para conseguir una condena por violencia de género hasta que el maltrato psicológico, denunciado once años antes, dio paso al físico. Los daños psicológicos no eran visibles.
01:26
