Frente a la petición de los tres abogados de la defensa de la nulidad de las actuaciones judiciales por considerar que se basaron en escuchas telefónicas ilegales, autorizadas sin que hubiera una investigación policial previa, la Fiscalía ha exigido 16 años de prisión por traficar con drogas para los dos zamoranos y un gallego.

El Ministerio Público exige, además, una multa de 40.800 euros para los tres imputados, que negaron cualquier vinculación con la venta de drogas, si bien admitieron en el juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial ser consumidores cuando se les detuvo en junio de 2007.

El arresto se produjo, según el relato de la fiscal, cuando uno de los zamoranos, un hostelero cuyo nombre responde a las iniciales M.M.C., se encontró con el gallego, J.M.C., propietario de un negocio de informática en La Coruña, en las inmediaciones de la localidad orensana de La Gudiña, lugar en el que se habrían citado para cerrar una operación de venta de droga sin levantar sospechas. El tercer procesado, el también zamorano E.A.C., conocido como «Kelín», agricultor en una localidad benaventana, sería uno de los encargados de distribuir en la comarca la cocaína que adquiriría ese día M.M.C., alias «Maito».

Sin embargo, la Guardia Civil no halló en el registro de los vehículos ningún estupefaciente, según confirmaron agentes del dispositivo policial montado para abortar la operación, porque J.M.C. se desvió de la A-11, al llegar «a la salida de la localidad orensana de Pentes, para esconder la cocaína en un punto indeterminado del trayecto, con la finalidad de regresar a por ella más tarde con M.M.C.», sostiene la acusación pública, y «realizar la compra-venta». No obstante, el perro utilizado por los agentes para examinar a fondo el turismo detectó restos de estupefacientes, por lo que los agentes «desmontaron» el interior del automóvil en prevención de que estuvieran escondidos en algún rincón. Fue inútil, ni las labores de búsqueda durante un par de días dieron resultado.

El lugar de la cita fue elegido a propósito, agregó la fiscal, para evitar «ser sorprendidos por nadie, al estar en un lugar poco transitado». Se equivocaron: La Guardia Civil seguía sus pasos después de intervenir sus teléfonos, les detuvo y registró los domicilios de los tres encausados.

En el juicio M.M.C. y J.M.C. aseguraron que se encontraron ese día para ultimar la compra de un ordenador y la instalación de un sistema de cámaras que el gallego, dueño de un negocio de informática, había quedado en realizar en un restaurante del zamorano. Precisamente relacionó con esa actividad el hallazgo en la parte trasera de su vehículo de un calcetín con 6.800 euros, que la fiscal vinculó con la operación abortada de compra de droga, al declarar que dinero era para pagar a «un proveedor y adquirir sillas y vajilla» que necesitaba para atender un banquete de boda de 150 invitados.

En los posteriores registros domiciliarios, los agentes localizaron once plantas de marihuana en una habitación de la vivienda del gallego, preparada expresamente, según los agentes, para el cultivo, por lo que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel. En la casa del hostelero, una pistola de finales del siglo XIX y munición diversa, por lo que el fiscal solicita para él dos años de prisión por tenencia ilícita de armas, al margen de los seis por tráfico de drogas. En la vivienda del agricultor, para el que la acusación pública también pide cuatro años de reclusión, fueron interceptados varios gramos de distintas sustancias estupefacientes, según indicó, para «autoconsumo».

Durante el juicio, tras ser advertidos por el presidente de la Audiencia, Luis Brualla Santos-Funcia, de que lo «prudente» si declaraban era «decir la verdad» para no incurrir en contradicciones que les puedan «complicar más la vida», negaron estar relacionados con el tráfico de drogas y aseguraron conocerse de frecuentar el restaurante del zamorano. A preguntas directas de la fiscal, el hostelero sólo reconoció que, dada su condición de ex toxicómano, podía haber «facilitado en ocasiones contadas» a otros consumidores el nombre de lugares donde podían adquirir drogas, pero no estupefacientes como había admitió ante el juez inicialmente.

Asimismo, explicó que cuando en sus conversaciones telefónicas hablaba con sus interlocutores de «medias» se refería no a cantidades de cocaína, como también manifestó ante el juez, sino a «productos del restaurante». Con el mismo argumento explicó que en otra conversación telefónica dijera que había proporcionado a alguien doce gramos, mientras afirmó desconocer a qué se refería otra persona que en otra comunicación le indicó que quería «pillar», cuando en el Juzgado admitió que se refería a droga.

El otro zamorano desmintió que dejara la droga en los servicios de discotecas o bares para sus supuestos clientes, a pesar de que la fiscal le leyó una conversación en la que se decía «déjala debajo de la escobilla».