Los huertos solares «los autoriza en unos casos el jefe del servicio de Industria y en otros el director general. En Zamora digo simplemente que yo no los autorizaba». Con estas declaraciones el representante de la Junta de Castilla y León en la provincia, Alberto Castro quiso dejar constancia, tras testificar ayer ante la juez que investiga el caso de la «trama solar» en Zamora, de que «el delegado territorial tiene muchas competencias, pero en Industria absolutamente ninguna». Una aclaración que vendría a desmentir que formara parte de alguna comisión especial que abordara la concesión de tales actividades, como apuntaba el lunes la defensa del ex jefe de Industria José Bahamonde, imputado por el fiscal jefe por tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. Si bien admitió que «sí» tiene tales atribuciones «en Urbanismo o licencias ambientales», a renglón seguido apostilló que entre sus funciones «no está determinar si un solicitante tiene derecho a la autorización de un huerto solar».

Castro destacó su «defensa al conjunto de los más de 4.600 funcionarios» de la Junta en Zamora «que hacen todos los días un trabajo diligente» y reiteró «mi disposición a la máxima colaboración con el ámbito judicial para esclarecer los supuestos actos irregulares». Recordó que la Junta fue la primera instancia en actuar cuando se supo de las posibles anomalías en el proceder del ex jefe de Industria y del secretario general de la Junta, Manuel Méndez, también acusado por el fiscal jefe, Rafael de Vega Irañeta, de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.

El delegado advirtió que no comentaría públicamente el contenido de su declaración ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 que investiga si, además de los dos cargos de la Junta, incurrieron en tráfico de influencias y fueron cooperadores necesarios el hijo de Bahamonde, Javier Bahamonde Díez y una amiga de la familia, Blanca Blanco; el ex presidente de Pevafersa, Vicente Fernández; y el jefe de Distribudión de Iberdrola en Zamora y León, Agustín de la Fuente.

Mucho más contundente fue Oscar Reguera, al descartar durante su gestión como delegado de la Junta hasta 2007 «ninguna irregularidad, no me consta», en la actuación de Bahamonde y Méndez -su sustituto en funciones durante las elecciones hasta que Castro fue designado para el cargo en julio- que pudieran indicar la existencia de los delitos sobre los que se han abierto las diligencias judiciales.

Incluso fue más allá al poner en cuestión que hubiera alguna irregularidad administrativa que ventilar por parte de la Junta, que tiene abiertos expedientes tanto al ex jefe de Industria como al ex secretario de la Delegación; o que se produjera una conculcación de la Ley de Compatibilidades. Reguera circunscribió el caso de la «trama solar» al ámbito de la confrontación política: «Como procurador de las Cortes he sido testigo de una campaña orquestada desde el Partido Socialista de manera absolutamente demagógica».

Asimismo, quiso «agradecer a los funcionarios el esfuerzo que realizaban» en esa época al trabajar «con celeridad», «hubo un enorme esfuerzo por situarnos los primeros en cuanto a la autorización de estas instalaciones» fotovoltaicas.

Una vez más el abogado Javier Gómez de Liaño reprochó al fiscal jefe de la Audiencia de Zamora, la «precipitación extraordinaria en la formulación de la denuncia y en la judicialización penal de este asunto», si bien admitió que, aunque «Bahamonde no tenía el deber de abstención en el sentido estricto», su proceder «puede tener un reproche en el ámbito administrativo y, si se quiere, una censura ética. Pero de ahí al Código Penal hay un trecho muy difícil de recorrer y que es aconsejable no hacerlo».

El abogado Liaño, que se congratuló de las declaraciones de Reguera que vienen a desmontar la existencia de ilegalidades en la actuación de sus clientes, echó mano para defender tal extremo del auto del Tribunal Supremo que acaba de rechazar la querella contra el ex presidente de Andalucía, Manuel Chaves, por la concesión de una subvención a una empresa relacionada con su hija. «Aplicando esa doctrina», sostuvo, «probablemente» la denuncia de la Fiscalía «ni siquiera se tendría que haber puesto en marcha y probablemente lo que proceda es el archivo de las actuaciones» tras las próximas comparecencias.

Sobre «al deber de abstención que debió procurar José Bahamonde en relación con una solicitud en la que aparecía lejanamente su hijo Javier Bahamonde Díez», concretó que «ha quedado demostrado» que aquél «nunca pidió ninguna autorización ni para Sol Sayago, ni para Iniciativas Renovables», la empresa de su propiedad y de Blanca Blanco, otra de las acusadas por el fiscal de tráfico de influencias y cooperación necesaria.

El director general de Energía de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, declaró que «no observé ninguna irregularidad». Se limitó a indicar a los periodistas que el procedimiento de la autorización administrativa de los huertos solares está «perfectamente reglado» y apuntó que la competencia es «de los servicios territoriales de Industria y de la Dirección». En cuanto a la existencia de una lucha política tras la denuncia de la «trama solar» indicó «desconocer si existe».

También testificó la secretaria de la Junta y ex jefa de Industria cuando cesó Bahamonde, Carmen Rodríguez, quien, según Liaño, explicó que «todas las resoluciones finales de autorización las firmaba ella y nunca Bahamonde, quien ni siquiera había intervenido».