Dos años y medio han transcurrido desde que Mariano Pérez González fuera despedido por su empresa el 11 de septiembre de 2007. El 17 de octubre presentó la demanda pertinente en el único Juzgado de lo Social de Zamora que había entonces. El 10 de abril de 2008 su causa quedó vista para sentencia, tras celebrarse el juicio, sin que la titular del Juzgado, la ex decana de jueces de Zamora, quien acaba de afrontar un expediente sancionador que la ha apartado durante tres meses de sus funciones, haya dictado aún sentencia.

La larga e injustificada espera ha llevado al perjudicado a presentar dos quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el retraso en la resolución judicial que «me está ocasionando daños para tramitar mi jubilación. Una persona no puede estar dos años y pico esperando» una sentencia, denuncia el ex empleado de la empresa Operación y Mantenimiento de Aprovechamientos Energéticos S.L., radicada en Lubián. Su exigencia ante el Consejo no era otra que la emisión de un fallo que continúa sin emitirse.

La última queja la ha interpuesto hace dos semanas, después de que el CGPJ respondiera a la primera, que tramitó en abril de 2009, con la comunicación de la apertura del expediente sancionador por tener 175 sentencias pendientes de dictar, extremo que constató el servicio de Inspección que supervisó el trabajo de la magistrada María Isabel Blanco León. La titular del ahora Juzgado de lo Social número 1 de Zamora se incorporó a finales de febrero a su puesto de trabajo, después de permanecer tres meses apartada del mismo. Ante la falta de resolución de su demanda de despido, el trabajador, experto en Alta Tensión y Generación Eléctrica Clásica, Nuclear y Renovables a presentar, ha vuelto a presentar otra queja porque «no es normal que alguien tenga que esperar más de dos años», máxime cuando las estadísticas del Consejo indican que el tiempo medio de resolución de una causa de este tipo es de «tres meses». El ciudadano, indignado y cansado, agrega que «se pagan impuestos para que te den un servicio». A renglón seguido, a su denuncia añade que «he reclamado el expediente judicial y no está en la oficina» del Juzgado, otra irregularidad que ha puesto en conocimiento del Poder Judicial para que tome medidas.

Pero sus actuaciones contra la magistrada no concluyen ahí: Acaba de interponer una recusación contra ella para que no celebre el juicio de cantidades previsto para resolver la demanda que tiene aún pendiente, fijado para el 9 de marzo. El demandante basa su recusación en la experiencia anterior, mientras apunta que hubo una primera convocatoria para diciembre pasado y se retrasó, por lo que no está dispuesto a soportar nuevas dilaciones.

El Consejo, que abrió expediente disciplinario contra la magistrada, decidió el 29 de septiembre de 2009 imponer a la juez una sanción de suspensión de funciones por tres meses. La expedientada presentó una baja médica en febrero de 2009 y se incorporó a su trabajo en agosto de ese mismo año, según consta en la resolución del Consejo del Poder Judicial.