«Terremoto» Ómnibus

C. G. «Somos 42 procuradores de los tribunales y estamos adaptándonos al terremoto que supuso la ley Ómnibus y la desaparición de la territorialidad. Estamos haciendo todo lo que son las adaptaciones normativas de nuestro colectivo a la legalidad». La ley Ómnibus ha modificado el «estatus quo» de numerosas profesiones liberales, «y en nuestro caso nos ha afectado fundamentalmente en lo que es el ejercicio territorial de la profesión», afirma Juan Manuel Gago, decano del Colegio de Procuradores, que ayer celebraba su festividad patronal en honor del Santo Ángel de la Guarda.


Hasta ahora, explica Gago, cada procurador podía ejercer sólo en el partido judicial donde estaba adscrito, de tal forma que un profesional de Zamora no podía ejercer en Benavente, Toro o Villalpando.


«Con la ley Ómnibus, que introdujo medidas liberalizadoras del mercado, ahora podemos ejercer en cualquier partido judicial de España. Y eso que puede parecer muy factible, es muy difícil de poder llevar a la práctica, desde el punto de vista profesional y casi físico, porque no se puede estar en dos sitios a la vez». Precisamente «la característica de nuestra profesión es la inmediación con el tribunal que está impartiendo justicia y donde nosotros tenemos que desarrollar nuestra función en beneficio del ciudadano». Teóricamente, afirma Gago «se puede hacer, pero creo que va a ser inviable llevarlo a la práctica, como muy bien defendieron en el tramite parlamentario los diferentes grupos que estuvieron a favor de mantener la territorialidad».


Los procuradores son licenciados en Derecho cuya función es la realización de actos de comunicación -notificaciones- del procedimiento judicial y la fase de ejecución de la sentencias -embargos, por ejemplo-, siempre bajo la dirección del letrado.


Gago constata que la situación de los juzgados de Zamora es buena: «Funcionan bien. La operatividad de los juzgados es muy buena. La respuesta está dentro de los márgenes medio-altos que fija el Ministerio de Justicia y estamos muy contentos de cómo están funcionando los juzgados, por lo que hay que felicitar por su labor a los funcionarios, los secretarios judiciales y los jueces de que eso sea así, ya que con los mismos medios y con más litigiosidad por las razones de todos conocidas tienen que estar haciendo un sobreesfuerzo, que están realizando de una forma brillante».


Gago señaló la importancia de la creación del juzgado número 6 de Zamora, porque « se mejorarán los tiempos de respuesta al ciudadano. Era una vieja reivindicación, anterior incluso al segundo juzgado de lo social. Y como hay que seguir reivindicando cosas, yo creo que sería necesario un segundo juzgado de lo Contencioso Administrativo por el aumento de la litigiosidad, los pleitos entre ciudadanos y administración pública. Este juzgado está pasando un mal momento en cuando a los tiempos de respuesta». La situación de crisis «se nota más en el ámbito civil por la pólizas de préstamos, las ejecuciones hipotecarias o las reclamaciones de cantidad entre distintos colectivos de autónomos. Todas estas profesiones coordinadas con el mundo de la construcción y del ladrillo están pagando la crisis y creando esa litigiosidad». El juzgado de lo Mercantil, que se encarga de los concursos de acreedores tiene también más carga de trabajo.


Los procuradores realizaron 1.600 disposiciones de justicia gratuita, por la que perciben del Ministerio 18 euros.