Morir entre rejas

SUSANA ARIZAGA El aniversario del asesinato de la menor Marta del Castillo a manos de Miguel Carcaño han vuelto a poner sobre la mesa la instauración en el Código Penal español de la cadena perpetua, un debate con el que, a juicio de algunos juristas y políticos zamoranos, el Partido Popular hace demagogia sin medir las consecuencias. Así lo manifiesta la magistrada de la Audiencia Provincial, Esther González, quien advierte del peligroso camino que se abre con propuestas «contradictorias y sin base penal». El fiscal jefe de la Audiencia, Rafael de Vega, hace especial incidencia en el confuso término de cadena perpetua: «En Europa no existe como tal», en los países donde se aplica «es revisable». Es decir, el sentenciado puede dejar la prisión antes de cumplir su condena siempre que lo valoren las autoridades competentes, lo que, por supuesto, ocurre porque la reinserción social es un objetivo claro.

En Europa nadie muere entre rejas. Los códigos penales de los países de la Unión Europea y los acuerdos internacionales descartan una medida superada hace años en favor de la rehabilitación del delincuente en la sociedad, aunque en su legislación se incluya la cadena perpetua. Y es que en todos esos estados, es revisable, lo que implica que el condenado podrá disfrutar de su libertad sin cumplir íntegramente los años de cárcel impuestos por un tribunal. Se da la paradoja, incluso, según explica el diputado del PSOE por Zamora, Jesús Cuadrado, que España tiene condenas más elevadas de hasta 30 años para delitos graves frente a los 20 años estipulados en otros países.


Los juristas zamoranos consultados por este diario, el fiscal jefe de Zamora y la magistrada de la Audiencia, Esther González, advierten, además, que introducir la cadena perpetua en el Código Penal español «requeriría la modificación de la Constitución, que en su artículo 25 dice que la finalidad de las penas es la reinserción social». E insisten en que las penas de prisión ya son suficientemente duras en España, si bien el fiscal jefe puntualiza que para algunos delitos, como violación, terrorismo o asesinato, quizás debería establecerse el cumplimiento íntegro de las condenas. Una afirmación que realiza, no obstante, con matices, sin dejar de apuntar que siempre sería conveniente estudiar cada caso en particular en profundidad.

En lo que la mayoría de los entrevistados coincide es en la necesidad de mejorar las medidas de reinserción que se ponen a disposición de los internos penitenciarios. «Posiblemente son pocas», admite el diputado socialista, «más preocupado», añade, «por las que deben tomarse para proteger a la sociedad» de quien sale de la cárcel sin haber cumplido con esa reeducación. Por ello reclama «un estricto control» sobre esos delincuentes. En la misma línea se pronuncia el fiscal jefe, que puntualiza que «sería necesario establecer si hay un riesgo» de reincidencia «para abordarlo» y mantener una estrecha vigilancia sobre esas personas.


El diputado nacional del PP por Zamora, Antonio Vázquez, que se suma a la petición de un debate en las Cortes hecha por la cúpula de su partido, considera que la sociedad está obligada a dar una oportunidad a quienes han pasado por la cárcel, pero resalta que existen casos, como los de los violadores, en los que «resulta imposible la reeducación y reinserción social».


¿Qué hacer precisamente con esos psicópatas que asesinan, violadores o terroristas que reinciden? «Son la expresión de enfermedades sociales, contra las que es necesario potenciar la convivencia, los valores morales, la educación para la ciudadanía en el ámbito de la escuela y de la familia. Esa labor de prevención social es esencial». Y los programas de reinserción en la calle y las cárceles, fundamentales para proteger a la sociedad de posibles delitos.


El fiscal jefe insiste en el control sobre este tipo de delincuentes que padecen una enfermedad mental o una conducta asocial; y apostilla que «el problema de la reinserción no está en la cárcel», donde se desarrollan actuaciones concretas, «sino en el entorno al que regresa el individuo: Si vuelve a vivir en el ambiente y circunstancias que le llevaron a prisión, no hemos arreglado nada». La magistrada González afirma que «los modelos» aplicados para recuperar socialmente a estos individuos «no son los adecuados» y duda de que «el país esté preparado para otros».