Las muestras de apoyo a Juan Carlos Toribio, el guardia civil de Tráfico zamorano que ha sido expedientado con seis meses y un día de suspensión de empleo y sueldo, no dejan de crecer por toda la geografía española. Más de 200 personas han remitido ya al Ministerio del Interior la carta de apoyo a Toribio, en la que se pide que «cese de inmediato la labor de acoso por parte de la Dirección General de la Guardia Civil», así como que «se permita que los guardias civiles puedan denunciar, en obediencia a los textos legales, el mal estado de la red viaria», o también que «se les permita su plena integración en asociaciones lícitas sin ánimo de lucro», entre otras reclamaciones.

Y es que ni Juan Carlos Toribio ni ningún agente de la Benemérita puede desempeñar ni el cargo de presidente de su comunidad de vecinos, según dictan las normas de la Guardia Civil. Así las cosas Toribio se queja de las «incongruencias» del cuerpo, «que no me permite ni decirle a mi hijo que no puede cruzar un semáforo en rojo porque ahí ya estoy haciendo educación vial y como guardia civil lo tengo prohibido», se lamenta.

La medida de castigo tomada por la Benemérita, la suspensión de seis meses y un día sin empleo ni sueldo, supone para Toribio cerca de 12.000 euros, con los que durante ese tiempo no podrá pagar su hipoteca o hacerse cargo de los gastos familiares, «esta es una medida de presión desesperada, porque como ya no pueden conmigo han decidido atacar donde más duele, mi familia», señala el expedientado, que, sin embargo, cuenta con el apoyo de todos sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Hijo y hermano de guardias civiles, a Juan Carlos Toribio le empezaron a causar problemas las discrepancias con la Benemérita cuando en el año 2005 puso de manifiesto en un acto público, como guardia civil, las deficiencias en la seguridad de las carreteras españolas. Desde entonces Toribio ha sido sancionado en dos ocasiones, la primera le costó cerca de 500 euros que tuvo que pagar en concepto de sanción por denunciar, como miembro de la Asociación Mutua Motera, el mal estado de conservación de la carretera Nacional II. Pero Juan Carlos no se amedrenta, «son otros funcionarios los que están dejando de hacer su trabajo, no yo. El estado de las carreteras es el que es y yo me debo a mi moral para denunciar lo que no es legal y por eso no me considero un delincuente», sentencia.